"¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?". Esa es la pregunta que este domingo podrían responder miles de catalanes en la celebración del referéndum para determinar si se da cabida a un proceso separatista de España.

 

"Podrían", porque a un día de la fecha estipulada para el sufragio, aún está en duda si las mesas podrán o no recibir a los votantes.

 

La realización o no del evento electoral es una de las incertidumbres que deja el proceso prohibido por el Tribunal Constitucional, que ha movilizado a miles de personas en las calles españolas y que mantiene en su punto más alto la tensión entre el Gobierno central de España y la Generalitat (Gobierno de Cataluña).

 

"La consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar en ningún caso", advirtió el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a comienzos de septiembre.

 

Y es que desde Madrid están dispuestos a todo para detener que se lleve a cabo la consulta que, enfatizan, viola la Carta Magna del país europeo.

 

Así también lo estableció el Tribunal Constitucional (TC), al cual recurrió el Ejecutivo para evitar el avance de la iniciativa. Por unanimidad la entidad prohibió el referéndum al considerar que contraviene la Constitución.

 

De todas formas, el Parlamento catalán hizo oficial la consulta el pasado 6 de septiembre. Ante esta rebelión, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó a las Policías locales y guardias urbanas custodiar el material electoral propiedad del Estado.

 

Además, el Gobierno español envió refuerzos de personal policial; se han establecido guardias en las afueras de los recintos donde se espera instalar las urnas y este jueves se incautaron casi tres millones de papeletas y seis millones de sobres para el referéndum.

 

A pesar de ello, haciendo oídos sordos a todas las advertencias de Madrid, las autoridades catalanas no han dado marcha atrás. "El compromiso del Gobierno (catalán) es muy claro: la gente podrá votar", dijo Joaquim Forn, el consejero de Interior regional el jueves.

 

El vicepresidente del gobierno regional, Oriol Junqueras, aseguró por su parte que "si alguien cierra un colegio, hay alternativa para que los ciudadanos voten".

 

 

El tira y afloja entre las autoridades centrales y las regionales que insisten en sus respectivas posturas sin dar espacio a ningún consenso, hacen prever que la jornada del 1 de octubre será especialmente tensa y estará protagonizada por duros enfrentamientos entre la policía y los independentistas.

 

El actuar del Gobierno central ha sido visto como represivo por miles de catalanes tanto a favor como en contra de la separación, quienes ven la consulta como un evento puramente democrático. Por eso, además del referéndum se realizarán una serie de manifestaciones.

 

Pero una de las grandes interrogantes recae en el papel que jugarán los Mossos d'Esquadra, el cuerpo de policías exclusivo de Cataluña. Aunque la postura es que respetarán las ordenes provenientes de Palacio de la Moncloa, el grupo de seguridad depende del Departamento de Interior, un ministerio regional encargado de la seguridad catalana, cuyo líder, Joaquim Forn, respalda el proceso.

 

Así, para asegurarse, el fiscal a cargo de evitar la consulta designó a un oficial de la guardia civil para coordinar a todos los policías, incluyendo a los Mossos d’Esquadra, pasando por alto a la Generalitat.

 

El propio jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, aseguró ante sus agentes que "seguiría cumpliendo las órdenes" del fiscal, según consigna BBC Mundo. Pero el miércoles, su superior y director de los Mossos, Pere Soler, volvió a alimentar las dudas: "La misión principal de los policías, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional, es garantizar derechos, no impedir su ejercicio", sostuvo en su cuenta de Twitter.

 

 

Otra de las grandes dudas tiene que ver con la cantidad de personas que concurrirán a las urnas o que, al menos, intentarán hacerlo. Los líderes de la región española, de 7,5 millones de habitantes, se muestran optimistas.

 

Según afirmaron, de acuerdo con una encuesta interna, más del 60% de los 5,33 millones de personas habilitadas para votar, planean concurrir a las urnas. "Los resultados tendrán total validez", aseguró el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras.

 

Sin embargo, muchos dudan de que ello sea realmente así. Según una encuesta realizada por la consultora Metroscopia y publicada por el diario español "El País" a comienzos de septiembre, a pesar de que la gran mayoría respalda realizar un referéndum, un 61% de los catalanes considera que como está pactado, el evento del domingo no reúne las condiciones y garantías para ser considerado legal y no tendrá validez internacional.

 

Además, se reveló que un 57% cree que lo mejor sería que se optara por una estrategia negociadora similar a la que se ha dado en el País Vasco.

 

Por otro lado, según un sondeo realizado por Sociométrica para el diario digital El Español, un 50,1% de los catalanes estaría a favor de la independencia mientras que el 45,7% se manifiesta en contra.

 

De lo que sí se está seguro es que el futuro de la región es completamente incierto. Aunque la opción secesionista gane el domingo y se proceda con el camino de la independencia catalana, la forma en que ésta se llevará a cabo o las consecuencias que podría generar para la región aún son una nebulosa.