El Gobierno del socialista Pedro Sánchez, en la foto, aprobó este martes una regularización extraordinaria de migrantes que viven en España en situación irregular, dirigida a quienes puedan acreditar cinco meses de residencia -hasta finales del pasado diciembre- y que se cree que beneficiará a medio millón de personas.
Para la ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se trata de un "día histórico", que mejora la vida de la gente, al dar la oportunidad de vivir "con igualdad de derechos y oportunidades".
La reforma es fruto de un acuerdo alcanzado por el Partido Socialista (PSOE), el partido gobernante, con la formación izquierdista Podemos, después de que la iniciativa legislativa popular que reunió más de 700 mil firmas para lograr este objetivo haya estado más de un año bloqueada en el Congreso por falta de acuerdo político.
Al tramitarse como un real decreto, el Gobierno no requiere de su convalidación parlamentaria, lo que le permite esquivar la falta de apoyos.
Los beneficiarios
Como beneficiarios, todas las personas en situación administrativa irregular que hubieran residido en España durante al menos cinco meses antes del 31 de diciembre o los solicitantes de asilo que presentaran su petición antes de entonces, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales.
El padrón municipal u otros documentos, como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero, servirán para acreditar ese tiempo de residencia.
El plazo de tramitación será de tres meses como máximo, pero la mera admisión de la solicitud, que puede demorarse unos 15 días, permitirá a la gente trabajar desde el primer día.
La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá acceder al mercado laboral y a una vivienda, recibir atención sanitaria con normalidad o viajar sin miedo a una posible multa o expulsión. Pasados esos doce meses podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
Choque con tendencia de mano dura en Europa
La regularización extraordinaria iniciada en España contrasta con la tendencia mayoritaria en Europa, donde la mano dura con la migración irregular está al orden del día, impulsada por el auge en las perspectivas de voto de la extrema derecha.
Aunque hay ejemplos históricos de regularizaciones masivas de migrantes en países europeos como Francia, Italia o Bélgica, ese tipo de procesos parecen ser cosa del pasado y, en los años más recientes, varios de ellos han respondido a sucesos extraordinarios, como la pandemia o la guerra en Ucrania.
La mayoría de los Gobiernos del continente han virado hacia enfoques cada vez más restrictivos y las leyes europeas recientes también han ido en la línea de complicar el acceso al derecho de asilo, por lo que es muy improbable que alguno de sus vecinos siga los pasos de España.
Uno de los casos más visibles correponde al Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán, que aplica desde 2015 una restricción con duras políticas que imposibilitan pedir asilo desde dentro del país y obligan a hacerlo desde Ucrania o Serbia, lo que ha provocado que en todo 2024 apenas se registraran 29 solicitudes, según las autoridades.
