La Contraloría inició un procedimiento por un eventual perjuicio fiscal de cerca de doscientos ocho millones de pesos que afecta a varios representantes de Chile en el exterior que se desempeñaron bajo distintas administraciones.

La Cancillería les notificó mediante carta que existían una serie de reparos por las rendiciones de cuentas de funcionarios diplomáticos.

Con detalle se mostraban los cargos y fechas de esos gastos, la persona que los hizo y los números de los exámenes efectuados por la Dirección de Finanzas y Presupuesto. A los involucrados se les conminó la entrega de los "antecedentes aclaratorios", plazo que ya venció.

"En el evento que no resulte posible para US. la remisión de tales antecedentes o que no fuese posible aclarar los gastos reparados, se solicita el reintegro del monto previamente señalado, a más tardar, el 28 de febrero de 2018, para lo cual se sugiere tomar contactos con la Dirección de Finanzas y Presupuesto, unidad que le asesorará en tal gestión", indicaba el texto.

Doscientos cincuenta jefes y exjefes de misión fueron notificados de los cuestionamientos que originaron perjuicio fiscal.

La Contraloría General de la República había dado inicio a una auditoría al Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la vía del llamado “juicio de cuentas”, en contra de autoridades de la Cancillería -de diferentes gobiernos- por la supuesta responsabilidad en "perjudicar al patrimonio fiscal" por más de $208 millones (349.288 dólares).