Este jueves 14 de enero se marca un hito en la lucha feminista de América Latina cuando el presidente argentino Alberto Fernández promulgó la Ley 27.610 por el aborto legal en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. Acto seguido, la normativa entró en vigor.
El texto, aprobado por el Senado el pasado 30 de diciembre, permite a las argentinas abortar de forma legal, libre y gratuita hasta la semana 14. En Argentina, el aborto era regulado por una ley de 1921 que solamente permitía la interrupción del embarazo en caso de violación o de peligro para la vida de la madre.
Así, Argentina se convierte en el cuarto país de la región en despenalizar el aborto. En Latinoamérica la interrupción del embarazo solo es legal en Cuba, Uruguay y Guyana, así como en los estados mexicanos de Oaxaca y Ciudad de México. Ahora, el país austral se suma a esta lista, siendo el más grande del continente en permitir esa práctica.
Partidarias del proyecto de ley para legalizar el aborto reaccionan tras el resultado de la votación fuera del Congreso Nacional en Buenos Aires, Argentina, el 11 de diciembre de 2020. © Agustín Marcarian / Reuters
La aprobación de la normativa y su puesta en funcionamiento es el resultado de años de lucha por parte de la llamada 'Marea Verde', un movimiento feminista surgido en el país que hizo de la lucha por el 'aborto legal, seguro y gratuito' una de sus máximas.
De acuerdo con las cifras oficiales, se estima que unas 3.000 mujeres han perdido la vida en Argentina en cerca de 370.000 abortos practicados ilegalmente, en los que con frecuencia las mujeres se ven obligadas a someterse a operaciones sin garantías sanitarias o por las que deben pagar altas sumas de dinero.
La objeción de conciencia, contemplada en la ley regulatoria
En 2018 el Congreso rechazó una ley similar, que aunque fue aprobada en la Cámara Baja, recibió la negativa del Senado, entonces configurado por una mayoría conservadora que respondió al movimiento antiaborto, con fuerte peso en una nación profundamente católica.
A pesar de los avances, la Ley 27.610 contempla que el personal sanitario pueda objetar a la realización del aborto. En caso de que todos los médicos de un hospital se negaran a realizar el procedimiento, las mujeres serían dirigidas a otros centros, algo que el movimiento feminista ve como una obstrucción a la libertad de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.
Sin embargo, la normativa ya marca precedentes a nivel regional. Este 13 de enero, el Congreso de Chile comenzó a debatir un proyecto de ley que también contempla la despenalización del aborto hasta la semana 14. Varias congresistas acudieron con camisetas verdes al grito de “Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”, inspiradas en la reciente legalización del país vecino.