Donald Trump lo hace de nuevo y esta vez ingresó un proyecto que obligará a revelar todas las identidades virtuales, teléfonos y direcciones electrónicas en los últimos cinco años desde el momento de solicitud de la visa, registrando en las redes sociales de los extranjeros. Está norma podría afectar hasta 14 millones de personas por año.

Serán investigados todos quienes quieran ingresar al país, sin importar el motivo, deberán dar cuenta de las todas las identidades que han tenido en redes sociales en los últimos cinco años, incluyendo plataformas como Facebook y Twitter, además de Flickr, LinkedIn o Flickr.

La Administración también quiere conocer todas las direcciones postales, electrónicas o números de teléfonos usados en dicho periodo de tiempo, previo al visado. Quedan al margen los diplomáticos y los viajeros exentos de visado.

Estados Unidos ya llevaba preguntando sobre las redes sociales desde hace tiempo, aunque la respuesta era voluntaria. Desde diciembre de 2016, antes de que Trump se sentara en el Despacho Oval, en el formulario de la ESTA, que rellenan los ciudadanos que no necesitan visado, figura una casilla con opciones para responder sobre los perfiles online. Lo que se plantea ahora es que sea obligatorio.

El departamento de Estado sostuvo en un comunicado que “mantener niveles de control fuertes para los solicitantes de visado es una práctica dinámica que debe adaptarse a los riesgos emergentes”.
 
La Asociación por la Defensa de los Derechos Civiles, advierte de que este requisito "para recolectar montones de información de las redes sociales" resultará ineficaz a la hora de detectar a posibles criminales, pero tendrá efectos "escalofriantes" en la libertad de expresión, en el sentido de que uno puede temer que sus opiniones políticas o sobre cualquier asunto puedan levantar algún tipo de sospecha o resquemor en el funcionario encargado de valorar su solicitud de visado.

"La gente ahora se tendrá que preguntar si lo que dicen en Internet puede ser tergiversado o malinterpretado por un empleado del Gobierno”, dijo Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU. “También nos preocupa la firma en la que la Administración de Trump define un término vago y amplio como el de ‘actividades terroristas’, porque es inherentemente político y puede utilizarse para discriminar a inmigrantes que no han hecho nada malo”, concluyó.