Los profesionales Santiago Esteban Nattino Allende, pintor y partidario de la Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, profesor y dirigente de la AGECH, y José Manuel Parada Maluenda, sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad, fueron secuestrados a fines de marzo de 1985 por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR).

Nattino fue abordado el 28 de marzo, en la esquina de las calles Apoquindo con Badajoz, en Las Condes, mientras que Guerrero y Parada fueron secuestrados el 29 desde las puertas del Colegio Latinoamericano,​ en la avenida Los Leones, mientras iban a dejar a sus hijos. La operación del secuestro contó incluso con el apoyo de un helicóptero de Carabineros.

El 30 de marzo, camino a Quilicura,​ frente al fundo «El Retiro», y cerca del aeropuerto Pudahuel, los cuerpos de los profesionales fueron encontrados degollados y con signos de tortura.​ Había sido uno de los peores y más sanguinarios de chilenos. Los tres fueron degollados por carabineros de civil en el mismo lugar donde fueron encontrados por campesinos.

El brutal triple homicidio, que llegó a ser conocido como «Caso Degollados», evocó la indignación extendida en todo el país y obligó a la Corte Suprema a designar al juez José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar el delito.​

Sólo cuatro meses más tarde, la investigación realizada por el juez Cánovas condujo a la detención de dos coroneles, un comandante, dos capitanes y dos oficiales de Carabineros. El 2 de agosto de 1985, el caso provocó la dimisión del general César Mendoza, General Director de Carabineros y Miembro de la Junta del Gobierno desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 así como la disolución de la DICOMCAR.

La dictadura, especialmente su entonces vocero y ministro Francisco Javier Cuadra (en democracia se hizo militante de RN) negó que el crimen fuera hecho por agentes del Gobierno, pero las pugnas entre Carabineros y militares de la Central Nacional de Informaciones (CNI), la policia política de Pinochet, determinó el descubrimiento de los asesinos que pertenecían a la policia uniformada.

En su informe especial de 1985, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que con esto esperaba que «el caso ahora en curso conduzca a la identificación y el castigo de las personas responsables de la ejecución de un acto tan culpable».

Finalmente, seis miembros del servicio secreto de la policía fueron procesados y condenados a presidio perpetuo por el asesinato. Tres de ellos aún permanecen en la cárcel de Punta Peuco.

Uno de los criminales, Claudio Salazar Fuentes, alías el pegaso, salió en libertad y vive en la comuna de La Florida.