El sábado, la Asociación Nacional de Fiscales realizó una delicada y polémica acusación: "amedrentamiento y vigilancia" por parte de funcionarios de la Dipolcar de Carabineros.

Y es que el gremio expresó "su más enérgico rechazo y preocupación", por una supuesta situación que estaría viviendo el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes.

"Está siendo objeto de seguimientos, vigilancias y grabaciones por parte de funcionarios de Carabineros de la Dipolcar", señaló el organismo a través de un comunicado. Todo esto en el marco de la investigación por la presunta manipulación de pruebas en la fallida "Operación Huracán".

Ante esto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, afirmó en entrevista con La Tercera que "no parece haber ninguna razón plausible por la cual haya personal policial de civil haciendo imágenes de un fiscal en el ejercicio de sus facultades y doy por sentado que la autoridad política competente se pronunciará y actuará sobre una situación tan anómala".

"El Ministerio Público está haciendo esfuerzos por dar absoluta normalidad al trabajo con todos los organismos auxiliares de la justicia con los que debe relacionarse. Esto no ayuda en el cumplimiento de las obligaciones que tenemos frente a la comunidad y merecen nuestro total rechazo".

Por otro lado, la máxima autoridad del Ministerio Público se refirió a la crisis por la "Operación Huracán", lo que ha generado tensión en las relaciones entre Físcalía y Carabineros.

En este sentido, sostuvo, "está en juego la credibilidad de una institución relevante para el Estado (Carabineros) y, por consiguiente, está en duda la confianza de todo el sistema penal".

En consecuencia, continuó, "más que un gesto del general director de Carabineros (Bruno Villalobos)", lo que el Ministerio Público espera es "que dicha institución policial se ponga a disposición de la investigación que llevan adelante los fiscales (Cristián) Paredes y (Carlos) Palma y colaboresn con todas las diligencias que se desarrollan".

Además, Abbott afirmó que esta crisis gatillada por una supuesta manipulación de pruebas por parte de Carabineros, "va a marcar un antes y un después en el sentido de que se va a tomar conciencia concreta de que no es posible adulterar pruebas con el objetivo de obtener la condena de alguien. De aquí, el estándar y el respeto al Estado de derecho es una variables esencial de legitimidad del funcionamiento del sistema procesal penal".