La controversia por la construcción de un casino de US$21 millones junto a un humedal urbano suma una nueva arista penal. Una organización ambientalista denunció una serie de actuaciones municipales que considera sospechosas, entre ellas un decreto alcaldicio notificado 13 meses después de su fecha y una exigencia ambiental que apareció como subsanada o no aplicable en apenas 15 días.

La construcción del nuevo Casino Dreams de Talca, emplazado junto al Humedal Urbano Cajón del Río Claro–Piduco, vuelve a quedar bajo cuestionamiento. Esta vez, no solo por sus eventuales impactos ambientales, sino también por las actuaciones de las autoridades municipales que han permitido avanzar el proyecto.

La Corporación Bioecoterra amplió una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Talca, solicitando que el Ministerio Público investigue posibles delitos funcionarios relacionados con decisiones de la Municipalidad y su Dirección de Obras Municipales (DOM).

La acción judicial, patrocinada por el abogado Gabriel Muñoz, incorpora nuevos antecedentes a una causa penal iniciada en marzo de 2026 y que originalmente apuntaba a una eventual elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Ahora, la organización busca esclarecer si existieron irregularidades de carácter penal en la tramitación de los permisos de construcción y en el procedimiento de recepción definitiva del casino.

Un casino junto a un humedal protegido

El proyecto, desarrollado por Sociedad de Ríos Claros S.A., contempla una inversión cercana a los US$21 millones y se levanta a menos de 60 metros del Humedal Urbano Cajón del Río Claro–Piduco, declarado oficialmente como tal en diciembre de 2024.

Pese a su ubicación, la iniciativa no fue sometida a evaluación ambiental. En junio de 2025, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Maule resolvió, mediante una consulta de pertinencia, que el proyecto no estaba obligado a ingresar al SEIA.

Sin embargo, esa decisión comenzó a ser cuestionada luego de conocerse antecedentes sobre excavaciones de mayor profundidad que las inicialmente informadas.

Mientras en la documentación original se describían fundaciones del orden de 1,4 metros, con antecedentes técnicos que llegaban aproximadamente a 1,6 metros, fiscalizaciones posteriores dieron cuenta de obras subterráneas que alcanzaban hasta los 3 metros.

La diferencia adquiere relevancia porque un informe de la Dirección General de Aguas identificó un nivel freático cercano a 1,3 metros y un acuífero libre de alta vulnerabilidad en el sector.

En julio de 2026, el propio SEA inició un procedimiento de invalidación de la resolución que había permitido al proyecto quedar fuera de la evaluación ambiental.

En paralelo a esa controversia, la nueva acción judicial pone el foco en las actuaciones del municipio.

El decreto alcaldicio que fue notificado 13 meses después

Uno de los principales antecedentes incorporados por Bioecoterra corresponde al Decreto Alcaldicio N°06230, fechado el 30 de septiembre de 2025 y firmado por el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, y el secretario municipal Andrés Maureira.

El documento rechazó una solicitud de invalidación del permiso de edificación N°268/2025, que autorizó la construcción del casino.

Sin embargo, según la presentación judicial, el decreto fue notificado a los interesados recién el 29 de octubre de 2026, es decir, trece meses después de la fecha consignada en el acto administrativo.

La situación genera nuevas interrogantes porque la Dirección de Obras Municipales habría utilizado esa resolución en comunicaciones oficiales anteriores a su notificación, incluso para responder solicitudes posteriores.

Para los querellantes, resulta necesario establecer cuándo fue efectivamente dictado, firmado y registrado el decreto, además de determinar si su tramitación se ajustó a la normativa.

La organización solicita que estos antecedentes sean investigados penalmente, sin que hasta ahora se haya acreditado una falsificación documental.

La exigencia ambiental que cambió en apenas 15 días

Otro de los hechos que motivaron la ampliación de la querella está relacionado con la recepción definitiva de las obras, un trámite fundamental para que el casino pueda comenzar a funcionar.

El 29 de septiembre de 2026, Sociedad de Ríos Claros solicitó formalmente la recepción definitiva del proyecto ante la Dirección de Obras Municipales.

En los antecedentes del procedimiento figuraba una observación vinculada al cumplimiento del artículo 25 bis de la Ley 19.300, relacionado con las autorizaciones ambientales de proyectos sometidos al SEIA.

Sin embargo, en la información municipal publicada el 29 de octubre, esa exigencia aparecía con la indicación “SUBSANADO – NO APLICA”.

Según los antecedentes expuestos por Bioecoterra, el cambio se habría producido en apenas 15 días, sin que en la documentación publicada constara una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ni un nuevo pronunciamiento del SEA que explicara esa modificación.

El punto resulta especialmente controvertido porque el casino no cuenta con una RCA, sino con una resolución de pertinencia que actualmente está siendo revisada por el propio organismo ambiental.

La organización solicita determinar quién resolvió que la exigencia no era aplicable, cuáles fueron los fundamentos de esa decisión y si se cumplieron los requisitos legales correspondientes.

Piden investigar responsabilidades municipales

La ampliación de la querella apunta a esclarecer la eventual responsabilidad penal de quienes intervinieron en las decisiones administrativas cuestionadas.

Entre las diligencias solicitadas al Ministerio Público se encuentran la obtención del expediente municipal completo, los planos de construcción, los antecedentes de las modificaciones del proyecto, los informes de fiscalización y los documentos vinculados al procedimiento de recepción definitiva.

La investigación también busca establecer si las decisiones municipales fueron adoptadas conforme a la normativa vigente o si existieron actuaciones que pudieran constituir delitos funcionarios.

Por ahora, se trata de hechos denunciados que deberán ser investigados. La presentación de una querella no implica que las autoridades mencionadas hayan cometido delitos.

Un proyecto que suma cuestionamientos

La controversia del Casino Dreams de Talca ya no se limita a determinar si su construcción debió someterse a evaluación ambiental.

Mientras el SEA revisa la resolución que permitió ejecutar el proyecto sin ingresar al SEIA, la Fiscalía deberá esclarecer los antecedentes penales denunciados por Bioecoterra, particularmente aquellos relacionados con las actuaciones municipales.

El caso también abre una interrogante sobre el futuro funcionamiento del recinto: si todavía existen cuestionamientos administrativos y ambientales pendientes, ¿corresponde avanzar en su recepción definitiva?

La respuesta dependerá de las decisiones que adopten los organismos competentes.

Por ahora, lo concreto es que un proyecto de US$21 millones, construido junto a un humedal urbano protegido y que originalmente fue autorizado sin evaluación ambiental, enfrenta un nuevo escenario judicial que pone bajo escrutinio no solo las decisiones de la empresa, sino también las de las autoridades que permitieron su desarrollo.