Dos son los grandes argumentos de los que no quieren que en Chile haya una nueva constitución política.
El primero dice relación con que ellos querrían hacer cambios, pero que – según dice su propaganda – cuando fallan las cañerías no es necesario demoler la casa. Cierto es eso, pero sucede que en este caso no funcionan las cañerías porque el edificio está sostenido sobre pilares inadecuados.
Entonces hay que cambiar la estructura. Nadie llama a “demoler”, sino simplemente a decir que, si bien seguiremos con la actual norma institucional hasta que se apruebe la nueva, (es decir, podemos cambiar cañerías mientras preparamos los nuevos pilares), lo importante es generar una nueva constitución democráticamente. Una glosa sobre los cambios que dicen que querrían hacer: ¿No son acaso los mismos a los que se han opuesto durante 30 años? ¿Por qué ahora los harían? Hasta hoy se han demostrado contentos con lo que tienen de herencia pino-guzmanista, ¿Cuáles serían los cambios que proponen?
El segundo argumento es el de la violencia. Es cierto que en Chile operan grupos (no es uno solo) de personas que están cometiendo delitos violentos destinados a generar desorden público y miedo en la población. No hacer lo que se debe hacer por miedo a ellos es cederles el terreno y decir que bastan 500 o mil personas violentas para que la sociedad entera se rinda. Esos grupos reúnen cuatro vertientes: los primeros los anarquistas, que están contra el Estado en cualquier forma y paradójicamente, está ben organizados; segundo, los delincuentes y entre ellos probablemente narco traficantes, que quieren apoderarse de territorios para el manejo de sus negocios y enriquecerse con sus procedimientos; tercero la extrema izquierda, que solo se sabe mover en el terreno de la violencia y a la que le acomodan los modelos totalitarios, pues les dan toda la justificación que necesitan; cuarto, la extrema derecha, los que añoran las épocas de dictadura cívico militar, tiempo en el cual los civiles se enriquecían mientras los militares reprimían en un marco de pretendida impunidad.
Va siendo hora, entonces, que nos sinceremos. Hay quienes quieren que se avance en el proceso democrático, entendiendo que hay que pasar por momentos en los que se extreman los argumentos de las minorías, de las sectas, de los grupos más fanáticos de ciertas posturas, donde los derechos de las personas valen solo para ellos.
Pero eso se desarma no con represión sino con un esfuerzo reflexivo y dialogante que se puede lograr en la Convención Constituyente. Hay otros que están derechamente porque no se siga adelante con esto y hacen solapados llamados a los militares, cuya trayectoria histórica los sitúa institucionalmente siempre en el mismo bando, más allá de las excepciones de personas que a veces se manifiestan públicamente, con distinta suerte. La burda connivencia de los cuatro grupos que promueven la violencia es un llamado al golpe de Estado, ya sea en el modelo vivido o en fórmulas más sofisticadas como fue la experiencia uruguaya en sus comienzos, con un presidente cautivo y sin Congreso Nacional.
Mi sencillo llamado es crear mecanismos de entendimiento y diálogo en todas las esferas del quehacer social para promover un acuerdo en torno a aprobar la idea de hacer una nueva constitución y, luego, a trabajar con toda nuestra capacidad por construir un modelo democrático consensuado que asegure participación popular, respeto a los derechos humanos y un marco de protección y promoción de los derechos de todas las personas, todo ello orientado a asegurar un sistema económico y social de bienestar general.
