La Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió acoger un recurso de protección en contra de la modificación del plan regulador de la comuna de Peñalolén, que permitiría la construcción de viviendas sociales y un Centro de Formación Técnica estatal.

El motivo aducido por los habitantes de la zona fue que la modificación afectaba a un terreno de la comunidad donde el municipio proyectaba viviendas para 300 familias.

La disputa legal se centró en un decreto de la municipalidad, que permitió aumentar la densidad poblacional casi siete veces. La propuesta, según los vecinos, se había plebiscitado en 2011 y había sido rechazada. "No es por un tema medioambiental, porque hay otros proyectos que se están construyendo al interior de la Comunidad Ecológica y contra los que nunca han puesto ningún recurso, porque son viviendas de 6 mil UF", dijo la alcaldesa Carolina Leitao.

"Nosotros siempre alegamos que era una modificación distinta, de hecho tiene densidades distintas, todo diferente, pero en la práctica la Corte eso no lo reconoció y señala que el plebiscito es vinculante", explica a Emol la alcaldesa de la comuna.

"Ese plebiscito anterior se perdió justamente por dos razones fundamentales: por la oposición del grupo de la Comunidad Ecológica porque se estaba proponiendo construir un paño mucho más grande, y además por las inmobiliarias, porque proponíamos en esa oportunidad bajar las alturas de construcción. Se unieron las dos fuerzas", expone.

Junto al Ministerio de Vivienda y al Serviu, la jefa comunal asegura que resolvieron "continuar desarrollando los proyectos".

"Antupirén y El Sausal ya tienen permiso de edificación, y de hecho en algunos casos ya entregamos las viviendas hace 15 días (...) Nuestra idea es perseverar en la construcción en esos terrenos, porque la Corte nunca concedió la orden de no innovar. En el fondo se consolidó lo que avanzamos", indica.