La instalación de actividades e inversiones de gran envergadura, tales como las mineras, energéticas e incluso agrícolas y/o agroindustria alimentaria (ganadería, planteles porcinos, etc.) en los distintos valles y territorios del país, genera, sin lugar a dudas, detractores y apoyadores de las iniciativas. Para la comunidad, no siempre esta instalación e inversión es vista o leída como una oportunidad de desarrollo. Las futuras e hipotéticas asociaciones y vinculaciones a la creación de empleo, la mayor generación de ingreso y progreso a la localidad ya no quedan tan claro, sobre todo a partir de las externalidades (costos) ambientales, como al real impacto de los ingresos generados por la inversión.
Algo de esto, ha estado ocurriendo en las comunas de La Estrella, Litueche y Requinoa, región de O’Higgins, en donde la intención de la empresa Agrosuper, (cuyo dueño es Gonzalo Vial Vial) la mayor productora de carnes de cerdo y aves del país, así, como la principal exportadora de estas mismas carnes a los mercados asiáticos, particularmente al mercado chino, tiene planificada la instalación de sendas plantas orientadas a aumentar la producción en razón de la demanda por este tipo de carnes que genera el mercado chino. En el caso de la comuna de Requinoa, se trata del proyecto “La Arboleda”, planta que se ubicará en el sector El Trigal, donde se procesarían alrededor de 45 mil cerdos, los que actualmente se distribuyen en las plantas de El Quisco, Totihue, La Lechería, Rincón de Abra, y la mencionada anteriormente.
En el caso de la comuna de La Estrella, una localidad de 3 mil habitantes ubicada en el secano costero de la región de O’Higgins, en la zona de la cuenca del Lago Rapel, Agrosuper desde el año 2000 tiene instalado un criadero de porcinos, con una inversión de 18 millones de dólares y una cantidad inicial de 270 mil porcinos. Esta misma empresa pretende construir en este año, 2019 una fábrica de alimentos que abastecerá al criadero de La Estrella y a los de las zonas aledañas. La inversión estimada para este proyecto, según la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ingresada al Sistema Evaluación Ambiental (SEA) es de 70 millones de dólares. Además, para el caso de la comuna de La Estrella, la empresa Max Agro (ligada a la familia Lyon), con una inversión de 18 millones de dólares, pretende construir una planta de crianza y maternidad que estará ubicada a 6 km del lago Rapel y que albergará a 93 mil 500 cerdos, con una propuesta que fue aprobada en 2014. Actualmente la comuna alberga a casi medio millón de porcinos, es decir, que por cada habitante de la comuna hay 166 porcinos.
Asistimos entonces, a una “danza” de millones de dólares, por una parte, con una serie de anuncios de progreso, de empleos y de adelantos comunales; y, por otra parte, movilizaciones y desconfianzas de la comunidad que no cree en este discurso y que percibe como su calidad de vida, no sólo no ha mejorado, sino que, por el contrario, ha venido permanentemente decayendo. Que la riqueza y los dólares, se quedan en la empresa y ellos se quedan con todos costos. En efecto, si analizamos los indicadores de pobreza, tanto medida a través de ingresos, como por criterios de multidimensionalidad, en ambos casos sus promedios están por sobre el promedio nacional. En el caso de Requinoa, la pobreza medida por ingresos es de un 9.3% y el promedio nacional de acuerdo a la Casen 2017, un 8.6%. A su vez, la pobreza de carácter multidimensional es de un 17.9%. En el caso de La Estrella, la situación objetiva es un poco peor. La pobreza medida por ingresos es de un 17.5% y la pobreza multidimensional es de 24.5%. Cuando el promedio nacional de 20.7%.
Por otra parte, las autoridades municipales que perciben esta danza de millones de dólares al lado de sus escuálidos presupuestos, por supuesto que se generan expectativas respecto al carácter de esta inversión. El contexto local, caracterizado por una presencia más débil de los municipios en donde se encuentran los proyectos de inversión, favorece procesos de clientelismo, ya que las asimetrías de información, de poder e influencia, son abismantes entre la empresa y sus directivos y los municipios.
Una de los factores que explican esta situación, es el rol que la participación ciudadana ocupa en él SEA. Dadas las necesidades de inversión en el país, se han minimizado aquellos factores que eventualmente podrían impedir o retrasar las inversiones. En este sentido, la participación ciudadana es ex pos y no ex ante el proyecto a implementar. Por lo general, se instala el proyecto y luego, de manera formal, se inician o detonan procesos de participación, pero con sentido de compensación ante hipotéticas externalidades negativas del proyecto. Con esta modalidad de la participación ciudadana, se cumplen dos efectos perversos. En primer lugar, se privilegia el tema de compensaciones y con ello, las expectativas de la comunidad que “algo va a llegar”, y, en segundo lugar, la posición de las autoridades locales queda por lo general muy disminuida frente al poder del dinero, que ofrece posibilidades imposibles de satisfacer con los exiguos presupuestos municipales.
Llama la atención, en ambos casos el rol de la empresa Agrosuper, en donde más allá del rol de la participación ciudadana en él SEA, pareciera no haber aprendido las lecciones de su fracasado proyecto en Freirina, donde la comunidad se planteó con fuerza, una vez que el proyecto había comenzado a operar y termina por echar a la basura toda la inversión en infraestructura realizada. Hoy la comuna de la Estrella tiene el mismo porcentaje de cerdos per cápita al momento que la empresa tomó la decisión de dejar el proyecto en Freirina (por cada habitante de la comuna hay 166 porcinos).
Mientras se escriben estas líneas, la empresa Agrosuper en virtud de un movimiento de participación ciudadana de “notables” (empresarios frutícolas, viñateros, del rubro del turismo, etc., etc., más la autoridad edilicia en su conjunto) que se han manifestado en contra del proyecto, tomó la decisión de retirar del SEA el proyecto “La Arboleda” en la comuna de Requinoa. Es decir, participación ciudadana con influencia y poder como para llevar a los medios el conflicto. Y qué sucede con la comunidad de La Estrella, que se entera expos de la decisión de la empresa en construir una fábrica de alimentos y que, según los dirigentes sociales, se enteran por la prensa que el proceso de participación ciudadano había terminado. Solo le queda ir a protestar a la capital regional e impedir que las autoridades regionales (Comisión Regional de Medio Ambiente) voten aprobando la DEA, tal como lo habían decidido previamente. De no ser por la presencia de una diputada de la región, que acompañó a los dirigentes, la votación hubiese sido un mero trámite.
Lo que debe entender esta empresa y cualquiera otra que esté interesada en generar inversiones en el territorio, (es importante subrayarlo: se requieren inversiones, son necesarias y fundamentales, pero bien hechas) que ya no es posible que las externalidades negativas de cualquier proyecto e inversión sean sólo patrimonio de las comunidades y las ganancias privadas.
En este sentido, las empresas deben enfrentar desde otro lugar de reflexión los reales y posibles conflictos con la ciudadanía afectada (o beneficiada) por la inversión que se implementará. Que contemple al aporte de los gobiernos locales y de la ciudadanía en general en el diseño e implementación de políticas de intervención orientadas a generar mayores niveles de competitividad, no ya a la actividad específica en sí (pudiendo ser ésta pecuaria, agrícola, minera, forestal, etc., etc.), sino al territorio.
En esta otra forma de entender el desarrollo territorial, emergen con mucha fuerza las alianzas público-privadas, tanto para satisfacer necesidades mínimas (alimentación, agua, vivienda, electricidad, etc.) como para pensar y planificar el territorio en el mediano y largo plazo. De esta manera es posible también inhibir el rol de la empresa como reemplazante del estado (sobre todo en territorios de alta vulnerabilidad social). Es necesario dar un paso adelante, más cualitativo que permita efectivamente la incorporación de los actores en la construcción social y económica del territorio.
El quedarse sólo en aspectos formales fortalece la idea que la empresa reemplaza al estado desatando a continuación, profundos y poderosos nexos de clientelismo con la comunidad.
En este sentido, nos referimos no sólo de prácticas asociadas a las normas ISO o a la responsabilidad social empresarial, (RSE) sino a un concepto nuevo, una suerte de certificado, por parte de la comunidad, de una especie de Licencia Social para Operar. Esto significa, en términos concretos, para la empresa, obtener el respaldo de las partes interesadas (comunidades, autoridades, expertos) para la ejecución del proyecto, y no sólo abocarse a cumplir con los requisitos legales y formales para su explotación, que es en definitiva lo que ha caracterizado a esta empresa en particular. Lo contrario, significa, a lo menos, por parte de la empresa, hacerse cargo de transparentar absolutamente sus operaciones a la comunidad.
Es decir, un ejercicio de información y comunicación. Que la comunidad organizada tenga la oportunidad de participar en las decisiones que le afectan: en estos casos: olores, tránsito de camiones por caminos de tierra, polvo, uso excesivo del recurso agua, etc. Es decir, ejercicio de la participación ciudadana ex ante y, por último, que el proyecto se lleve a cabo teniendo en cuenta un desarrollo sostenible. Solo de esta manera, será posible generar un equilibrio entre inversión en el territorio y desarrollo económico inclusivo.
