Solo el 14% de los pacientes que llegan en estado grave a las clínicas logra ser trasladado a centros de la red pública luego de ser estabilizado. El resto, permanece hospitalizado en el área privada por un promedio de 7,7 días. Lo anterior, informó La Tercera en base a cifras de Fonasa, implica un alto costo de la atención en el marco de la Ley de Urgencia.

En cuatro años, este aumentó en un 364%, pasando de $10.535 millones de rebose en 2013 a $48.984 millones el año pasado. Según rige la ley desde 1999, todo prestador de salud debe recibir, atender y estabilizar a los pacientes que se encuentren con riesgo vital o secuela funcional grave, sin importar que este no posea sus convenios con prestadores.

Luego, el paciente debe decidir si se queda en la clínica, asumiendo los costos que implique, o ser trasladado. De ser así, el recinto debe avisar a la red pública que este ya está apto para ser trasladados. Sin embargo, esto no ocurre en los plazos debido principalmente a la falta de camas en hospitales.

Lo anterior, implica que Fonasa deba pagar tanto la atención de la urgencia, como la permanencia extra. En 2017, año en que se atendieron más de 12 mil personas, el fondo debió saldar $30.262 millones por urgencia, versus los casi 49 mil en rebose.

Consultado por el tema, el director del Servicio de Salud del Maule, Max Aguilar, explicó al medio ya citado que si bien “estamos continuamente revisando y rescatando a los pacientes, siempre hay una demanda de camas, incluso en la urgencia, y tenemos que esperar para poder hospitalizar”.

Ante esta situación, autoridades de Fonasa y del Ministerio de Salud comenzaron a implementar medidas para disminuir los costos y así alcanzar una meta de rescate de pacientes del 28% para fines de este año. Entre estas, se encuentran mejorar los protocolos y criterios de atención, explicando las circunstancias en que procede la declaración de riesgo vital. Otra, que los directores de servicios y hospitales justifican casos no rescatados, además de incorporar nuevos procedimientos en relación a los criterios de pago, y fiscalizar el uso correcto de la ley.