Las declaraciones del Presidente Gabriel Boric frente a la detención y judicialización internacional de Nicolás Maduro no solo son erradas: son moralmente obscenas, jurídicamente falsas y políticamente indignas. Bajo una retórica supuestamente principista, el Mandatario chileno vuelve a incurrir en el viejo vicio de cierta izquierda latinoamericana: defender dictaduras reales con conceptos mal entendidos, mientras se disfraza de superioridad ética.

Invocar el Derecho Internacional para presentar a Maduro como una víctima del “imperialismo” no es ignorancia: es una operación política consciente y, a nuestro juicio, de extrema gravedad política, toda vez que lo se pretende apoyar y defender no es menor: una narco-dictadura responsable de crímenes de lesa humanidad, documentados por la propia Organización de Naciones Unidas, que encarcela a sus propios nacionales, y que no trepida en atentar incluso fuera de sus fronteras. 

El artículo 2.4 de la Carta de la ONU, citado de forma implícita por el Presidente Boric, establece la prohibición general del uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de los Estados. Pero esa norma no es absoluta, ni puede leerse aislada. La misma Carta, en su artículo 51, reconoce el derecho inmanente de legítima defensa, individual y colectiva. Y desde hace más de dos décadas, la práctica internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad han extendido esa legítima defensa a amenazas transnacionales graves, como el terrorismo y el crimen organizado internacional.

Más aún: en 2005, la Asamblea General de la ONU adoptó formalmente la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (Resolución A/RES/60/1, párrafos 138 y 139), reconociendo que la soberanía no es un escudo de impunidad cuando el propio Estado se convierte en verdugo de su población. Venezuela cumple dolorosamente ese supuesto. No por opinión ideológica, sino por hechos acreditados repetidamente.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha concluido que el régimen venezolano ha cometido crímenes de lesa humanidad como política de Estado: ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual. Más de ocho millones de venezolanos han huido del país. No escaparon del “capitalismo salvaje”. Escaparon del socialismo real, del hambre, del miedo y de la persecución.

Según Foro Penal, existen hoy más de 300 presos políticos, muchos sometidos a tratos crueles e inhumanos. Esto no es una controversia diplomática: es una tragedia humana documentada.

Pero hay algo aún más grave que el Presidente Boric omite deliberadamente: Chile ha sido víctima directa de la violación de su soberanía y de sus instituciones de seguridad por parte del régimen chavista. El secuestro y posterior asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, opositor al régimen de Maduro, ocurrido en territorio chileno, constituye un acto gravísimo, con indicios de participación de estructuras criminales transnacionales vinculadas al chavismo. Ese crimen no solo ofende la conciencia moral: lesiona directamente los intereses y la seguridad del Estado de Chile.

Que, en ese contexto, el Presidente de la República olvide ese antecedente y adopte un tono comprensivo con el régimen responsable resulta indigno de la representación de los intereses nacionales. No es solo un error ideológico: es una falla grave de deber estatal, falta que por cierto el Presidente electo de Chile sabrá reparar. 

Frente a ese cuadro, ¿qué hace el Presidente Boric? Se refugia en una lectura dogmática de principios que ni siquiera interpreta correctamente, para cuestionar la acción de Estados Unidos y sugerir —de manera velada— que el dictador es una víctima del orden internacional. Esa postura no representa a Chile, ni moral ni jurídicamente. Representa a una izquierda cómoda, bien alimentada, conectada a wifi de alta velocidad, que jamás pagará el costo de las dictaduras que justifica desde la distancia.

La ironía es brutal. Mientras esta izquierda denuncia un imperialismo imaginario, guarda silencio frente al imperialismo real del siglo XXI: Rusia, China, Irán y Cuba, que han saqueado Venezuela, capturado su petróleo, penetrado sus servicios de inteligencia y sostenido al régimen a cambio de sumisión geopolítica. Ese es el verdadero colonialismo contemporáneo, y ocurre con la complicidad activa del chavismo.

Aquí no hay invasión. No hay ocupación territorial. No hay desmembramiento del Estado venezolano. El objeto es el dictador y su estructura criminal, imputados por narcoterrorismo y conspiración internacional. Confundir deliberadamente régimen con nación es una técnica autoritaria clásica. Que el Presidente de Chile la reproduzca es inaceptable.

Esto ya no es falta de información. Es falta de honestidad intelectual. Persistir en la negación más absoluta, con los datos disponibles, con los testimonios de víctimas, con informes de la ONU sobre la mesa, no es ignorancia: es complicidad moral.

Como recordó Álvaro Salas-Castro tras conversar con María Corina Machado y Leopoldo López, Venezuela enfrenta una ventana real para una transición democrática. No perfecta, no automática, pero posible. Y esa oportunidad exige decisión del mundo libre, no neutralidad cobarde ni diplomacia declamatoria.

La historia es clara: cuando las dictaduras caen, caen también sus encubridores. Y quienes hoy utilizan mal el Derecho Internacional para proteger a un tirano quedarán registrados no como defensores de la paz, sino como cómplices de la resignación.

La libertad no se negocia con narco-dictaduras.

El Derecho no protege verdugos.

Y la neutralidad frente al mal no es virtud: es una forma de traición.