Foto: La ministra Maisa Rojas con vecinos y autoridades oficializando hace 4 meses el primer Humedal Urbano de Talca

Una consulta de pertinencia ingresada por la Asociación Agrícola Central A.G. y la empresa Sociedad de los Ríos Claros S.A., ligada al grupo de casinos Dreams, podría convertirse en uno de los casos más emblemáticos de la tensión entre la defensa ambiental y las presiones corporativas en la Región del Maule.

El proyecto “Modificación Parque Ferial AGAC”, que busca levantar un nuevo centro de entretenimiento y casino, se ubica a escasos metros del Humedal Urbano Cajón del Río Claro y Estero Piduco, área reconocida oficialmente por el Ministerio del Medio Ambiente mediante la Resolución Exenta N° 6798 de 2024. La empresa DREAMS ha solicitado que su proyecto sea eximido del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pese a la cercanía -50 metros- con este ecosistema frágil y la existencia de riesgos hidrológicos, acústicos y ecológicos ya señalados por autoridades técnicas.

La disyuntiva de dos autoridades es clave.

Hoy, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Maule y su dirección nacional enfrentan una decisión trascendental. El director regional ha solicitado opinión a la SEREMI del Medio Ambiente del Maule, mientras que la directora ejecutiva nacional del SEA, Valentina Durán, ha recibido gestiones formales de lobby por parte de representantes de Dreams para obtener un pronunciamiento favorable. La consulta que parecía meramente técnica, se ha transformado en una prueba de integridad institucional.

El dilema es claro: ¿Pesará más en estas autoridades su compromiso ambiental o se dejarán influenciar por las gestiones de una empresa con poder económico, vínculos políticos y una causa pendiente en la Fiscalía Nacional Económica por grave colusión en el mercado del juego que tiene sanciones multi millonarias?  

Un oficio ingresado recientemente por actores ciudadanos denuncia el incumplimiento sistemático de las exigencias técnicas y legales formuladas por el SEA y la SEREMI del Medio Ambiente. El titular no ha presentado estudios de modelación hidrológica, ni análisis contaminante o de fauna local. El diseño de zanjas de infiltración y jardines de bioretención carece de respaldo técnico; los impactos acústicos y atmosféricos no se abordan desde una perspectiva sinérgica; y se omite toda consideración de conectividad ecológica y sensibilidad del humedal como receptor ambiental.

Todo ello, en abierta infracción al artículo 10, letras p) y s) de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que obliga a someter a evaluación ambiental todo proyecto que afecte directa o indirectamente a un humedal urbano.

La directora ejecutiva nacional del SEA, Valentina Durán, ha sido históricamente asociada al mundo académico ambientalista, pero su independencia está hoy en entredicho. No solo por la presión que ejerce Dreams vía Ley del Lobby, sino por los lobistas y asesores contratados por esta empresa que son por todos conocidos en el mundo empresarial y medioambiental.

El área proyectada para el casino no sólo colinda con un humedal protegido, recientemente oficializado por la misma ministra del Medio Ambienet en el mismo lugar del humedal urbano y a metros donde se construiría el casino.

También está inserta en una zona residencial, con historial de inundaciones y déficit en infraestructura hídrica. La ausencia de un enfoque multitemporal y de precaución en la consulta de pertinencia no es solo una omisión técnica: es una amenaza concreta a la seguridad de los habitantes y a la biodiversidad del Maule.

La experiencia chilena en proyectos mal evaluados está llena de ejemplos: cuando el lobby empresarial logra eludir la evaluación ambiental, las consecuencias suelen pagarlas las comunidades.

En las próximas semanas, tanto la SEREMI del Medio Ambiente como la Dirección Ejecutiva del SEA deberán pronunciarse. La pregunta es simple y compleja a la vez: ¿Defenderán los principios de la Ley N° 19.300 y la integridad del SEIA, o abrirán la puerta a una nueva excepción bajo la presión del poder económico?

El caso Dreams es más que un casino. Es una prueba de fuego para la credibilidad del sistema ambiental chileno. Y sobre todo, es un espejo que refleja cuán fuerte —o frágil— puede ser el muro que separa la convicción pública del interés privado.