La ONG Amnistía Internacional (AI) pidió este martes, en la antesala del cuarto aniversario del estallido social de octubre de 2019, avanzar en la reforma de Carabineros, que sigue pendiente de concretarse desde entonces.

"Este proceso ha sido institucionalizado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con un interés oscilante y con una resistencia permanente de las organizaciones policiales, especialmente frente a la posibilidad cierta de que se implementen controles externos”, señala la organización internacional en su informe “Reformar para avanzar. Recomendaciones para la reforma de Carabineros desde una perspectiva de derechos humanos”.

Desde inicios de 2023, Amnistía Internacional se sumó a la invitación del Gobierno del presidente Gabriel Boric de participar, junto con la academia y la sociedad civil, en la mesa de diálogo para abordar este proceso.

"Desafortunadamente, no existe un avance real para que esta discusión se traduzca en un mejor desempeño policial, ni en un reforzamiento de la obligación de respetar los derechos humanos, mucho menos en una reforma policial”, lamenta la ONG en su informe.

Según cifras recogidas por la organización, más de 12.500 personas requirieron atención de urgencias en hospitales públicos por incidentes sucedidos en el marco de las protestas entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, y al menos otras 347 sufrieron lesiones oculares por perdigones o balines.

Además, el Ministerio Público inició más de 8.500 causas por delitos de violencia institucional ocurridos en el contexto de manifestaciones, entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

La “gravedad” de los hechos sucedidos durante las movilizaciones, que derivaron en el proceso constituyente en el que está inmerso el país, puso de manifiesto “las limitaciones” de la estructura de Carabineros “para el desempeño de sus funciones”, señala AI, por lo que insta a culminar la reforma del cuerpo policial por ser –dice– la “medida de garantía de no repetición por excelencia”.

Entre los principales cambios recomendados por AI y en los que, según esta, hasta ahora no ha habido “avances sustanciales”, está desmilitarizar el funcionamiento y la organización del cuerpo policial, subordinarla al poder civil, acabar con la elusión de responsabilidades por parte de las jefaturas, regular el uso de las armas y rendir cuentas cuando exista uso de la fuerza.