El sábado recién pasado fue anunciado que se realizará un sumario para investigar el caso de una interna que dio a luz en uno de los pasillos de la cárcel de San Miguel.

La información fue dada tras la visita realizada por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, y el director de Gendarmería, coronel Sebastián Urra, al centro penitenciario.

La denuncia se conoció durante la jornada del sábado, por medio de un comunicado difundido por el Comité para la Prevención de la Tortura, donde se señaló que "cuando la interna pidió ser trasladada a enfermería para ser evaluada, tenía 40 semanas de gestación, un embarazo de término y no recibió los cuidados oportunos. La mujer privada de libertad no estaba en la sección cuna porque ya no tenía cupo y necesitaba un monitoreo permanente".

Al respecto, la ministra Orellana expresó que "quisimos hacernos presentes en esta visita, para constatar en terreno las condiciones de las privadas de libertad que están embarazadas, puérperas y con hijos menores, también conversar cara a cara con internas en cuanto a cómo se están cautelando sus derechos en lo que tiene que ver con el enfoque de género, sus controles y algunas condiciones especiales de vulnerabilidad".

Mientras que el subsecretario de Justicia y el director de Gendarmería señalaron que existe un sumario en curso al interior de la institución penitenciaria con el objetivo de establecer las responsabilidades administrativas del caso.

"Ya se instruyó un sumario administrativo con el objeto de recabar toda la información y determinar las responsabilidades que caben por la no utilización de los protocolos que existen para este tipo de casos, que están absolutamente normados", precisó el subsecretario.

Asimismo, el director de Gendarmería, Sebastián Urra, informó que "se efectuó una revisión a los espacios utilizados por las personas embarazadas y el sector de lactantes, además se incluyeron otros lugares donde las internas tienen convivencia en el día a día. Se levantaron también aquellos antecedentes con relación a mejoras en infraestructura".

En tanto, la defensora regional Metropolitana Norte, Daniela Báez, indicó que desde la Defensoría Penal Pública se ha "insistido en la necesidad de incorporar el enfoque de género en lo que es la tramitación de las causas penales, la permanente preocupación por el uso abusivo de la prisión preventiva, sobre todo cuando tenemos población, por ejemplo, como lo son mujeres privadas de libertad y especialmente cuando hay una mujer embarazada o una mujer con niños pequeños".

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunció que se pronunciará por la vía legal en contra de quienes resulten responsables del caso, ya que "esto podría constituir una situación de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".