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Aprueban en la Convención que el Estado tenga "dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible" de todas las sustancias minerales

Este sábado, la Convención Constitucional aprobó incorporar a la propuesta en desarrollo algunas normas sumadas al Estatuto Constitucional de los Minerales en la tercera formulación del informe de la Comisión de Medio Ambiente.

Uno de sus artículos fundamentales, y que estará plasmado en el borrador, sostiene que "el Estado tiene dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y sustancias minerales".

A la vez, se visó que la exploración y la explotación de las minas "se va a sujetar a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público", al igual que la protección ambiental.

En cambio, los convencionales rechazaron y enviaron de vuelta a la comisión la controversial norma que indica que "el Estado desarrolla de manera exclusiva la actividad minera", y que en el caso del cobre, "explorará y explotará por sí mismo y podrá hacerlo en asociación con particulares, siempre resguardando la participación mayoritaria del Estado".

Por otro lado, se aprobó que el Estado tenga iniciativa pública en la actividad económica. y que deba prevenir y sancionar los abusos en los mercados.

Otra de las normas de este informe que fue aprobada por el Pleno es la que establece que "el Estado, como custodio de los humedales, bosques nativos y suelos, asegurará la integridad de estos ecosistemas".

También se suma al texto constitucional el que "el Estado, a través de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, deberá garantizar la preservación, restauración y conservación de espacios naturales".

La propuesta deberá consignar además que "es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria".

Por 135 votos a favor, el Pleno también envió a texto constitucional el que "todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado", así como que "todas las personas tienen el derecho al aire limpio durante todo el ciclo de vida en la forma que determine la ley".

A su vez, fue visada la norma que establece que "el Estado garantiza el acceso universal a la justicia ambiental".