La Asociación de Fiscales criticó no sólo el procedimiento policial del GOPE de Carabineros en que fue allanada la sede del partido Comunes, con motivo de la indagatoria contra la candidata senatorial Karina Oliva, sino también la filtración de información que pudo haber puesto en riesgo la indagatoria y vulnerado la dignidad de los involucrados.

Mediante un comunicado, manifestaron que “impresionaron” las “imágenes poco criteriosas en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza, al porte de armas de fuego de alto poder, y la difusión coetánea de esta diligencia, afectando el principio legal de reserva o secreto y la dignidad de las personas involucradas”.

“Desconocemos quién, vulnerando la obligación legal de reserva de la investigación, filtró la realización de esta diligencia, cuestión que es completamente improcedente, no sólo por poner en riesgo la eficacia de esta diligencia intrusiva, sino que además implica una afectación innecesaria a los derechos de quienes están siendo investigados, cuestión absolutamente inaceptable en un estado democrático de derecho”, añadió la Asociación.

Además, como gremio “repudiaron” lo sucedido e indicaron que en diversas oportunidades han “planteado la necesidad de realizar las modificaciones legales necesarias para aumentar y fortalecer los controles funcionales del Ministerio Público hacia las policías, con la finalidad precisamente de evitar actuaciones como la ocurrida, y así poder garantizar el pleno respeto de los DDHH y garantías constitucionales de todos nuestros ciudadanos”.

Para este caso, el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, designó al fiscal regional Metropolitano Sur Héctor Barros, quien este viernes fue a hacer diligencias al domicilio de Karina Oliva por un presunto delito fraude subvenciones campaña.

Sin embargo, fuentes de Radio Bío Bío indicaron que el juez Jaime Fuica ordenó el allanamiento luego de que desde la tienda política se negaran a entregar los libros de contabilidad en el marco de esta indagatoria.