El Banco Mundial mejoró sus proyecciones para el desempeño de la economía chilena de este año. 

En su último Reporte Económico de América Latina y el Caribe, el organismo prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) chileno crecerá 2,6% este año, un alza desde su estimación de 2,1% de junio. Para el próximo año, en tanto, la entidad mantuvo su pronóstico de 2,2%.

“Chile se beneficiará de un fortalecimiento del consumo privado junto con sus exportaciones mineras”, indica el informe.

Esto en un contexto en el cual la región crecerá 2,3% durante el año y 2,5% en 2026, condicionada por una inflación persistente, el aumento de la deuda, la debilidad de la inversión y la incertidumbre mundial.

Aunque significa un alza desde el 2,2% del 2024, sigue siendo el ritmo más lento entre las regiones del mundo. 

De acuerdo al informe, el entorno externo se mantiene complejo, marcado por una caída de la demanda mundial y una baja de 10% de los precios de las materias primas para 2025 y de 5% para el próximo año, lo que perjudicará a sectores clave. Además, la incertidumbre en torno a la política comercial también amenaza el acceso a los mercados y la deslocalización de firmas.

En cuanto a la región, la relación deuda/PIB se ubicó en 63,8% en 2024, desde el 59,9% en 2019, agregando que los costos del servicios de la deuda y crédito se mantienen elevados por una desaceleración de la flexibilización monetaria, lo que frena la inversión, la creación de empleo y el aumento de la productividad.

Por país, Argentina crecerá 4,6% en 2025 y 4% el próximo año; Brasil 2,4% y 2,2%, respectivamente; Colombia 2,4% y 2,7%, Ecuador 2,3% y 2,5%; México 0,5% y 1,4%; Paraguay 4,1% y 3,7%; Perú 3% y 2,5%; y Uruguay 2,3% y 2,2%. 

Impulsar el crecimiento y empleo
En su reporte, el Banco Mundial también propone tres ejes para estimular el crecimiento y el empleo de América Latina y el Caribe. 

El primero es invertir en capital humano, a través del fortalecimiento de la calidad de la educación en todos los niveles y ampliar el apoyo gerencial para impulsar la formación de emprendedores capaces. También se propone la capacitación de ciclo corto, alineando con las necesidades del sector privado, y actualizar la normativa laboral para proteger a los trabajadores y apoyar el crecimiento empresarial.

El segundo eje es apoyar reformas políticas y regulatorias que establezcan un entorno favorable para las empresas, por medio de eliminar los subsidios distorsivos, reformar los impuestos para impulsar la inversión e invertir en logística, energía e infraestructura digital para reducir las barreras de entrada.

Mientras que el último es ampliar el acceso a la financiación, incluida la inversión privada, a través del fortalecimiento de la distribución de riesgos, agilizar la resolución de disputas y modernizar las leyes de quiebra para mejorar la asignación de capital y proteger a los acreedores y emprendedores.