El ministro de Relaciones Exteriores, José Francisco Pérez, calificó como "infundada" la polémica declaración del jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, quien afirmó que la “boca del Estrecho de Magallanes” pertenece a su país. 

Además, el canciller afirmó que "Chile ejerce pleno control sobre ambas riberas del estrecho y asegura la libre navegación a todos sus estados, conforme con el derecho internacional".

Esto en respuesta a lo expresado por el uniformado argentino, quien sostuvo que el estrecho “es chileno, excepto la boca”, agregando que “la boca de Magallanes es argentina”, en referencia al sector comprendido entre Cabo Vírgenes y Punta Dúngenes. Cabe mencionar que dichas declaraciones se emitieron en enero, pero se viralizaron recientemente.

La vocera Mara Sedini fuera consultada sobre estas palabras en el Congreso Nacional y se le preguntó si se presentaría una nota de protesta a la Casa Rosada.

Sin embargo, la vocera de Gobierno se limitó a indicar que “nosotros nos regimos bajo las reglas que tenemos y los tratados que tenemos y son, precisamente, los ministros de esas carteras los que dan las declaraciones correspondientes a nombre del Gobierno de Chile”.

Ante la insistencia de la prensa, que le pidió precisar si el Estrecho de Magallanes es territorio chileno en numerosas ocasiones, Mara Sedini solo guardó silencio.

De igual manera, el ministro de Defensa, Fernando Barros, afirmó que los límites “están claramente establecidos en los tratados internacionales”, destacando el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Los límites entre Chile y Argentina en la zona están definidos principalmente por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

Este último establece que el límite en el extremo oriental del estrecho corresponde a una línea recta entre Punta Dungeness y el Cabo del Espíritu Santo, delimitando así las soberanías de ambos países.


Además, se reafirma que:

El Estrecho de Magallanes está bajo soberanía chilena.
Su navegación está garantizada para todas las naciones.
Argentina debe permitir el tránsito expedito hacia y desde el estrecho sin obstáculos.
Estos acuerdos, vigentes hasta hoy, son considerados la base jurídica que zanja cualquier controversia sobre la zona.