Los uniformados pertenecen a la dotación de La Cisterna y están acusados de facilitar la explotación sexual de menores de edad. El Director de la institución, general Hermes Soto, pidió que los tribunales determinen "cuál es la responsabilidad" de los imputados.

La Fiscalía Metropolitana Sur acusará a los uniformados -que ya enfrentan un sumario interno en la institución- de que en el año 2016 no adoptaron medidas para proteger a niñas que eran sometidas a la prostitución.

Por su parte el Consejo de Defensa del Estado ya se hizo parte de la causa mediante una querella, y en ésta consta que, en varias oportunidades, el "personal de Carabineros que realizaba servicios (...) al efectuar la fiscalización del comercio sexual en la vía pública a diferentes mujeres, entre ellas menores de edad, omitió cualquier tipo de procedimiento en garantía de los derechos de las niñas y adolescentes involucradas, permitiendo que siguieran facilitando la prostitución de ellas, al no adoptar procedimiento policial alguno".

Soto no quiso condenar el hecho: "mientras no esté definido por el tribunal cuál es la responsabilidad de esos carabineros, nos vamos a mantener pendientes para adoptar alguna medida con ellos", dijo.