Este miércoles la jueza del Octavo Juzgado de Garantía, Irene Rodríguez, declaró en calidad de imputada en el caso de la liberación del sicario del “Rey de Meiggs”.

Fue en dependencias de la Brigada Anticorrupción de la PDI donde la suspendida magistrada declaró, donde conoció sus derechos y fue notificada que está siendo investigada por prevaricación culposa, es decir, negligencia grave o ignorancia inexcusable.

En la diligencia la jueza mantuvo la misma postura que ha hecho pública, en la cual insiste en su inocencia. Ahora los policías podrían, en las próximas horas, incautar sus teléfonos, sus equipos de comunicación personal y revisar en detalle sus bienes.

Para formalizarla será el mismo Poder Judicial el que debe autorizar, a través de una querella de capítulo, el siguiente paso. Los antecedentes recopilados por la PDI, junto a la declaración de la otra imputada, aceleraron esta diligencia.