La escena es extraña. Nunca un fiscal del Ministerio Público estuvo antes sentado en el banquillo de los imputados. Pero ocurrió la mañana de este viernes cuando el suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, escuchó la imputación de cargos en su contra en la primera formalización para un persecutor con dicho cargo.

En el caso de Arias, su par de Magallanes, Eugenio Campos, le imputó delito informático y violación de secreto.

De acuerdo a Campos, los delitos se configuraron en abril de 2018 cuando, "faltando a sus deberes legales y constitucionales", Arias procedió a revisar revelar a su hermana y cuñado información "sensible, secreta y reservada" de dos personas -su sobrino y un tercero- bajo la mira del ente persecutor por infracción a la ley de Drogas, datos "a los que podría acceder como miembro el Ministerio Público".

En detalle, explicó Campos, el indagado ordenó a su secretaria obtener las fichas "SAO", las que terminaron siendo enviadas al regional por esta y una fiscal adjunta por problemas de coordinación.

"Puedes usar la información sin problema. La hojita no", dijo Arias a su cuñado tras remitir uno de los documentos, según comunicó Campos en base a mensajes a través de la aplicación de Whatsapp.

Una de las fichas terminó siendo presentada por los familiares de Arias en una denuncia ante Carabineros, quienes alertaron de la presencia del documento, motivando así la apertura de una investigación. Arias, añadió Campos, omitió informar a sus superiores del inicio de la causa.

Ante la exposición de hechos, el Juzgado de Garantía de Rancagua estableció un plazo de investigación de seis meses, atendido a la realización de diligencias pendientes y la necesidad de que el caso se resuelva en un tiempo razonable. Hoy no se dictaron medidas cautelares ya que, para que ello sea posible, es necesario que el Ministerio Público interponga una querella de capítulos ante la Corte de Apelaciones correspondiente.