El caso del juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, forma parte del proceso disciplinario abierto por la Corte Suprema respecto de funcionarios del Poder Judicial que habrían salido del país mientras estaban con licencia médica, según antecedentes recopilados por la Fiscalía Judicial.

La investigación, dirigida por la fiscal judicial Macarena Troncoso, se inició tras un informe que detectó que 692 funcionarios realizaron más de mil viajes al extranjero durante periodos de licencia en los últimos cinco años. A partir de esa información, el Máximo Tribunal remitió los antecedentes a las Cortes de Apelaciones para activar los procedimientos disciplinarios correspondientes.

En el caso de Urrutia, los registros consignan un viaje a Costa Rica en enero de 2020, donde participó en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otro a Ecuador en octubre de 2022, mientras se encontraba suspendido en el marco del caso “Primera Línea”. Su defensa afirma haber acompañado documentación médica que respaldaría ambos traslados.

Desde el punto de vista jurídico, el foco de la indagatoria se centra en la eventual infracción al régimen de licencias médicas y al deber de probidad, particularmente si los desplazamientos son compatibles con la condición de salud declarada. También se analiza si la conducta configura una falta disciplinaria conforme al Reglamento de Funcionarios del Poder Judicial y al Auto Acordado sobre responsabilidad administrativa.

Fuentes del proceso advierten, sin embargo, que las eventuales faltas podrían encontrarse prescritas, dado que los hechos ocurrieron en 2020 y 2022. Asimismo, se ha planteado la posible inhabilitación de la fiscal judicial a cargo, al ser mencionada en antecedentes paralelos vinculados al caso Hermosilla-Ulloa, cuestión que deberá evaluarse conforme a las reglas de recusación aplicables al Ministerio Público Judicial.