Foto: Ministros Verónica Sabaj y Antonio Ulloa

El Pleno de la Corte Suprema resolvió ratificar de forma unánime la sanción impuesta contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj Escudero, en el marco del llamado Caso Audios, que también involucra al abogado penalista Luis Hermosilla.

La magistrada quedará suspendida de sus funciones por cuatro meses con medio goce de sueldo, medida que la mantendrá alejada de su cargo hasta fines de 2025, mientras continúan las indagatorias penales en su contra.

“El Tribunal Pleno conoció la apelación del sumario administrativo instruido contra la ministra Verónica Sabaj. Teniendo presente los antecedentes y escuchando a los abogados, se decidió confirmar la sanción impuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago”, explicó la vocera de la Corte Suprema, ministra María Soledad Melo.

La investigación administrativa contra Sabaj se inició el 22 de enero de 2025, luego de que se revelaran chats entre la jueza y Hermosilla, publicados en un reportaje de The Clinic.

Estos antecedentes llevaron a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, liderada por Xavier Armendáriz, a solicitar su inhabilitación temporal, la que fue acogida por la Corte Suprema como medida preventiva mientras se desarrollaba el proceso disciplinario.

El pleno también revisó la situación del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, quien igualmente figura en el Caso Audios.

Luego de escuchar los alegatos de su defensa, la Corte Suprema decidió rebajar su sanción de cuatro a dos meses de suspensión, también con medio sueldo.

“Revisado los antecedentes y luego de haber escuchado, por supuesto, al abogado que representó al magistrado, se acordó a confirmar la decisión de suspensión pero rebajándola a dos meses. Hubo votos o prevenciones por tres meses y también por cuatro meses, manteniendo la propuesta o la sanción que había impuesto la Corte de Apelaciones. Pero en definitiva queda con dos meses de suspensión”, detalló Melo.

Sin embargo, en el caso de Ulloa, el máximo tribunal resolvió abrir un cuaderno de remoción, lo que podría desembocar en su salida definitiva del Poder Judicial.

“Por mayoría de los integrantes de este tribunal se acordó abrir un cuaderno de remoción, el que tendrá la tramitación que establece la normativa constitucional y que en su oportunidad será revisado por el Tribunal Pleno”, indicó la portavoz.

Melo aclaró que la remoción no es una sanción en sí misma, sino una facultad constitucional. “Son dos cosas distintas: la sanción administrativa es una situación, y lo que es la remoción no es una sanción, sino que es una facultad que tiene el tribunal, la Corte Suprema en este caso, establecida en la Constitución Política (...) No son procedimientos muy largos, porque se esperan los informes y después el presidente convoca a un pleno”, explicó.