Distintas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos se unieron en una carta para mostrar su “profunda preocupación” y “estado de alerta” por el eventual nombramiento de Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de José Antonio Kast.

“Dicha preocupación se funda en que el señor Fernando Rabat integra el estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Compañía, fundado por Pablo Rodríguez Grez, líder y fundador de la organización terrorista Patria y Libertad, responsable, entre otros crímenes, del alevoso asesinato del comandante en jefe del Ejército de Chile, René Schneider. Asimismo, en su calidad de integrante de este estudio, el señor Rabat fue parte del equipo jurídico encargado de la defensa del dictador Augusto Pinochet”, explicaron en la declaración.

Es por esto que rechazaron categóricamente el nombramiento debido a un “deber ético y moral”.

“Resulta inaceptable que un abogado que defendió al dictador Pinochet, responsable de instaurar durante 17 años una dictadura civil-militar sanguinaria, pueda encabezar una cartera encargada de velar por la justicia y los derechos humanos. Aquella dictadura se sostuvo mediante la aplicación sistemática del terrorismo de Estado, que significó persecución política, exilio, secuestros, torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones y desapariciones forzadas de miles de personas, incluidos niños, niñas y adolescentes”, señalaron.

Por último, apuntaron a que respaldar el liderazgo de Rabat en la cartera constituye una “ofensa directa a la memoria de las víctimas de la dictadura y a sus familiares”.

“Con ello, usted reafirma una trayectoria de apología de la dictadura y un compromiso con la impunidad, expresado reiteradamente en su discurso al promover la liberación de violadores de derechos humanos condenados por crímenes aberrantes contra nuestros familiares”, concluyó.

Vale mencionar que la carta fue firmada por diversas organizaciones de derechos humanos a lo largo del país, entre ellas la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de La Serena, Chillán, Linares, Mulchén, Liquiñe y Parral; la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Paine y Talca; la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua; la Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados y Detenidos Desaparecidos Políticos de Atacama; las agrupaciones de Valparaíso, Osorno, Antofagasta y Calama; la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique; y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).