El análisis del presupuesto 2026 no puede abstraerse de la realidad regional marcada por un alto desempleo de 9,3% en Atacama; del peligro que corren los centros astronómicos producto de la instalación de proyectos que afectarían nuestra riqueza que son los cielos prístinos que se verían afectados por la contaminación lumínica que emitiría ese proyecto industrial y de la instalación de proyectos fotovoltaicos que estrangulan a la comunidad de Diego de Almagro, pero que no generan empleos para las regiones.

Se requiere inversión productiva real que desarrollen los territorios, que los proyectos verdes sean un aporte a las comunidades y que se orienten a mejorar la calidad de vida de las mayorías.

Este presupuesto debiera apuntar a dar otro paso más en la recuperación de la economía y del empleo, en tener más seguridad en los barrios, pero lamentablemente algunos han preferido insistir en impulsar un Recorte Fiscal de US$ 6.000 millones que claramente afectará los beneficios sociales ya conquistados.

Tenemos el desafío de acelerar la ejecución de la inversión públicas, de las transferencias hacia los programas sociales, pero algunos han decidido -en los últimos días- inundarnos sobre un posible cúmulo de deudas a proveedores en Vivienda y en Salud y cuestionar la transparencia en el uso de los recursos públicos, pero sin denuncias concretas.

Lo que debemos hacer es cautelar que los recursos se orienten a mejorar la calidad de vida de las familias chilenas, especialmente en Vivienda donde hay un claro déficit habitacional; pero tengamos visión de Estado para darle continuidad al Plan de Emergencia Habitacional.

En el caso de los Hospitales Públicos sigamos el camino de la Comisión de Salud que ha analizado el uso del Fondo de Contingencia Operacionales de FONASA destinado a cubrir los déficits de los Hospitales para garantizar la atención oportuna a miles de chilenas y chilenos que recurren a la red pública de salud.

Al mes de agosto en la información de DIPRES se señala que se han usado $324.000 millones de este Fondo para suplir déficits de los Servicios de Salud y quedan aún $100.000 millones por asignar. ¿Son suficientes estos recursos, hay hospitales en riesgo de no atender a pacientes? estas y otras preguntas deben resolverse en las Comisiones técnicas, pero lo principal es que nadie quede sin atención en la red pública de salud.

Hay urgencias ciudadanas que deben ser adecuadamente financiadas que no pueden verse afectadas por recortes al gasto fiscal, lo que significa que no puede disminuirse la inversión pública en Salud, en Seguridad en los Barrios, en las Regiones, en Educación de calidad en este presupuesto.

Otro tema que debiera motivar nuestro diálogo es como resolvemos los problemas de ejecución a nivel regional, especialmente los recursos de los GORES destinados a la inversión regional, al Fondo de Productividad e Innovación creado por el royalty.

La solución no es rebajarles los recursos como se filtró post reunión con los Gobernadores, se requiere acelerar la capacidad de ejecución a nivel regional, especialmente adelantando la apertura del ciclo presupuestario, elaborando proyectos pertinentes y reforzando la cooperación de los GORES con las Universidades del Consejo de Rectores que pueden dar el apoyo técnico requerido.

Tenemos un desafío de acelerar la ejecución del presupuesto fiscal y que se traduzca gradualmente en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de la mayoría de las familias chilenas.

Por eso sostenemos que :
• Es mala idea recortar el gasto social y usar la motosierra en desmedro de los beneficios sociales que están legislados.

• Se puede optimizar el gasto fiscal, evitar duplicidades de programas, reducir altos salarios de directivos públicos que resultan ofensivos para las mayorías; pero no es buena idea recortar el gasto en seguridad y para combatir el crimen organizado, ni menos recortar la inversión en educación donde sigue pendiente el desafío de mejorar la calidad en sus diversos niveles y disminuir la violencia escolar, ni recortar el gasto en salud, especialmente el que financia los hospitales y la red de salud primaria, ni la que financia los nuevos beneficios previsionales, ni la que financia la nueva etapa del Plan Habitacional tendiente a disminuir el déficit que afecta a tantas familias sin hogar, ni menos recortar la inversión pública que nos ayuda a generar nuevos empleos que tanto demandan las mayorías.

• El país necesita recuperarse -volver a crecer al 4% al 2030- por tanto, requiere un impulso fiscal ya sea para tener nuevos motores productivos en las regiones y seguir mejorando la calidad de vida de las familias vulnerables.

Este Presupuesto 2026 es de “transición” o sea lo diseña un gobierno y lo ejecuta otro, complica este escenario que tengamos un debate polarizado y marcado por la refriega política descalificadora; lo que creo no le conviene al país.

Revisemos con lupa el uso de estos más de 90.000 millones de dólares para que se traduzcan en mejor calidad de vida para las familias chilenas.

Porque aquí lo principal es que beneficiemos a las mayorías que necesitan de esta protección social e impulso económico que es el Presupuesto fiscal 2026.