El juzgado de garantía de Iquique resolvió condenar a ocho ex carabineros y cuatro civiles que formaban parte de una organización criminal desbaratada este año por la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, y que se dedicaba a cometer delitos de contrabando, robos con intimidación y cohecho.

Sin embargo, la investigación sigue abierta ya que hay otros cinco ex carabineros y cinco civiles imputados en la causa, dentro de los cuales se encuentran los jefes de la banda y sus principales colaboradores.

Los imputados condenados en esta ocasión correspondían a “brazos operativos” de la agrupación. Los uniformados se encargaban de entregar a los líderes de la banda información acerca de turnos de la garita de control en Huara, advertirles de la presencia de unidades policiales especializadas, y también aceptaban y requerían beneficios económicos indebidos a cambio de facilitar el libre paso de camiones y vehículos cargados con mercadería ilícita de procedencia extranjera, principalmente cigarros.

Estos fueron condenados por los delitos de cohecho y asociación ilícita, y dos de ellos además por lavado de dinero y contrabando, recibiendo penas que suman para cada uno entre el año y medio y dos años de presidio, además de multas que van entre 500 mil y 3 millones 500 mil pesos. También se decretó el comiso de dos vehículos de los imputados.

En tanto, los civiles condenados realizaban labores operativas y de cobertura, tales como ubicar camiones cargados con cigarrillos que pudieran ser objeto de sustracción, denominadas “mexicanas”; custodiar mercadería apropiada, recepcionar y efectuar pagos y coordinar con los demás miembros de la organización. Todos fueron condenados por asociación ilícita y algunos de ellos por soborno, contrabando y lavado de activos, recibiendo penas no superiores al año y medio de presidio, más multas entre 80 mil pesos y un millón de pesos, y se decretó el comiso de dos vehículos.

Además, todos los condenados quedaron inhabilitados para asumir cargos u oficios públicos por el plazo de 7 años.