La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario administrativo en contra de Osvaldo Vergara Andueza, actual director del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), luego de acreditar conflictos de interés en la firma de contratos con una entidad externa al organismo.

La entidad de control descubrió que Vergara Andueza, antes de llegar al Senama, dirigió la Fundación Oportunidad Mayor (FOM) ligada al empresario Nicolás Ibáñez y cerrada recientemente por este último. En esa calidad firmó una serie de convenios con la institución entre 2015 y 2017.

Sin embargo, cuando ya fungía como funcionario público y jefe de servicio desde 2018, no se inhabilitó para hacer tratos directos, ampliación de convenios, entre otros documentos, infringiendo el artículo 1 de la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.

Según la CGR, Vergara incluso en su condición de abogado, obvió lo que establece el cuerpo legal: “Existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública (…) cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias”.

Por lo anterior, la CGR le advirtió que deberá poner fin a la situación e inhibirse cada vez que se presente un hecho similar.

Fuentes del organismo comentaron que es “llamativo” que estando en poder de título de abogado, Vergara Andueza “desconsiderara” la legislación vigente.

En su respuesta, Vergara Andueza argumentó que todo debe ser analizado caso a caso, para evitar que se produzca un “deber de abstención general, que pudiera llegar a afectar el principio de continuidad de la función pública”.

Asimismo, indicó que un director de servicio es quien tiene la representación de la entidad y que ese mandato se antepone al conflicto de interés que invoca la Contraloría.

El órgano revisor analizó los descargos del abogado Vergara Andueza y respondió que debió inhabilitarse en al menos ocho oportunidades y recordó que existe jurisprudencia administrativa que estaba en la obligación de conocer, antes de ampliar los convenios con la fundación mencionada. Indicó también que los conflictos de interés, aún cuando sean potenciales, deben ser cumplidos por el servidor público en toda oportunidad.

Falta de respuesta

El informe de la CGR encontró también una serie de anomalías en los Establecimientos de Larga Estadía (Eleam). Entre ellas la implementación de los Equipos de Respuesta Rápida (ERR) que tuvo una demora de 159 días desde el inicio formal de la pandemia declarada por la autoridad sanitaria en 2020, según señala Biobío.

De los 23 establecimientos seleccionados por la Contraloría se detectó que en siete de ellos no se activaran los ERR, pese a la detección de casos de coronavirus entre los adultos mayores.

El organismo de control acreditó falta de fiscalización de parte de la Subsecretaría de Servicios Sociales para la implementación de la práctica para el manejo del virus. De hecho, en el informe de auditoría hay al menos dos adultos mayores que figuran como fallecidos, en circunstancia que están con vida.