El Congreso despachó este martes a ley el proyecto conocido como “Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca entregar mayores herramientas a los establecimientos educacionales para enfrentar hechos de violencia y delitos al interior de las comunidades escolares.

La propuesta fue aprobada en su último trámite en la Cámara de Diputados, instancia en la que se realizaron tres votaciones. Según los antecedentes legislativos, la primera obtuvo 105 votos a favor, la segunda alcanzó 119 respaldos y la tercera nuevamente logró 105 sufragios favorables.

Desde el Gobierno valoraron la aprobación del proyecto, destacando que la normativa permitirá reforzar la seguridad en los recintos educativos y entregar mayores certezas a las comunidades escolares.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, manifestó su conformidad con el resultado de la votación y sostuvo que “se ha entendido la urgencia de poder legislar y dar más certezas y más herramientas a los establecimientos educativos, así como también dar señales claras de que la violencia y los delitos no deben tener lugar en el espacio educativo”.

Sin embargo, desde la oposición expresaron reparos frente a la iniciativa y anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional. En esa línea, parlamentarios opositores presentaron tres reservas de constitucionalidad respecto de normas incluidas en el proyecto.

El diputado del Partido Socialista, Juan Santana, señaló que “hay una diferencia entre presentar un proyecto de ley, aprobarlo, y que posteriormente esta ley se implemente, y es por eso que junto a parlamentarios y parlamentarias de la oposición hemos anunciado reserva de constitucionalidad en normas que son parte del proyecto escuelas protegidas”.

En tanto, el también diputado socialista César Valenzuela cuestionó el contenido de la iniciativa y afirmó que “el proyecto de escuelas protegidas es un mal proyecto, en primer término, porque no resuelve los problemas de violencia que hay en el interior de los establecimientos educacionales. En segundo término, porque delega a las comunidades educativas la responsabilidad de hacerse cargo de la seguridad”.

Con la aprobación del Congreso, el proyecto quedó en condiciones de convertirse en ley, aunque su implementación podría enfrentar una revisión previa si prospera el requerimiento anunciado ante el Tribunal Constitucional.