El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó al Ministerio Público una serie de diligencias en torno a la Fundación ProCultura, en medio de indagaciones por fraude y malversación de caudales públicos en distintas regiones del país.

Esta solicitud, según un documento enviado al fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, busca esclarecer el destino de los fondos públicos que la ONG, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín, no habría devuelto.

De acuerdo a lo consignado por La Tercera, el CDE requirió al Ministerio Público realizar cuatro acciones específicas para investigar las operaciones de ProCultura. Entre ellas, se encuentra la solicitud de información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre el patrimonio de ProCultura y su directiva, integrada por Allan George Mix Vidal, María Eugenia Sabbagh Vidal e Ingrid Christine Koch.

Asimismo, solicitan al Servicio de Impuestos Internos (SII) información sobre la fundación y sus directivos, así como a la Comisión para el Mercado Financiero y entidades bancarias para verificar sus productos financieros. En detalle, requirieron la autorización judicial para que la entidad bancaria que corresponda realice el levantamiento de secreto bancario total de lo informado “desde a lo menos el día 29 de diciembre del año 2022 hasta la fecha efectiva de la entrega de información”.

Cabe recordar que esta petición surge a raíz de irregularidades detectadas en la ejecución de convenios con entidades estatales y fondos no restituidos, como los $873.002.500 requeridos por Gobierno Regional en Antofagasta.

Además, se destaca el término anticipado de convenios por incumplimientos e irregularidades detectadas por el Ministerio de Vivienda. La Fundación ProCultura enfrenta investigaciones en diversas regiones del país, y trabajadores de la misma en Antofagasta han iniciado acciones legales por incumplimientos.

Desde el CDE explicaron que, “ya es posible establecer que la Fundación Procultura actualmente se mantiene investigada por diversos convenios y transferencias de recursos celebrados con Instituciones Públicas en numerosas regiones del país manteniendo, consecuentemente, que tiene distintos procesos vigentes de cobros judiciales, extrajudiciales y laborales, además de sendos compromisos financieros derivados de aquello. En tal sentido consta que, sólo en la región de Antofagasta ha sido requerida extrajudicialmente por la suma total de $873.002.500, desde Seremi Minvu y Gore; fondos que no restituyó y que incluso, no mantiene saldo alguno en la Cuenta Corriente dispuesta para, supuestamente, custodiar dichos recursos”.