La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas respondió este viernes al dictamen de la Contraloría General de la República que rechazó la creación de una Unidad de Educación Militar de dicha rama ministerial. Esto, luego que el ente contralor determinara que "no se ajustó a derecho".

La revisión ocurrió luego que un grupo de parlamentarios de RN presentaran el requerimiento en 2022, puesto que cuestionaban la contratación de militantes del Partido Comunista por parte del subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein.

Pero también cuestionaban la creación de dicha Unidad de Educación Militar, por considerar que podría concurrir en un cambio eventualmente irregular en las mallas curriculares de sus escuelas matrices.


En el análisis jurídico presentado en el requerimiento se argumentaba que "toda injerencia indebida por parte del Gobierno en la determinación de estos planes y programas adolecería de ilegalidad, puesto que dichas actividades sirven objetivos constitucionales claros que no pueden estar a disposición de las inclinaciones variables de los gobiernos de turno", según dio a conocer en octubre de 2002 El Mercurio.

Contraloría concluyó que "el Presidente de la República dictó el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del MDN, en cuyas disposiciones se estableció la estructura y organización interna tanto del ministerio como de las subsecretarías que lo componen, sin que en dicha preceptiva se haya previsto una Unidad de Educación Militar en la División de Asuntos Institucionales".


"Tampoco se le ha entregado a la SSFFAA, al menos de manera explícita, labores en materia de educación de las ramas castrenses", agrega el documento.


Asimismo, sostiene respecto del Consejo de Educación de las Fuerzas Armadas, creado para un organismo asesor del Ministro de Defensa Nacional, facultado para estudiar, planificar y proponer directrices en materias educacionales de esas entidades castrenses, "no corresponde que tales tareas se asignen, mediante resolución del subsecretario, a una entidad distinta de la que estableció el Presidente de la República", puntualiza Contraloría.


"En consecuencia, es menester concluir que la dictación de la resolución exenta N° 4.458, de 2022, no se ajustó a derecho, por lo que la SSFFAA deberá adoptar las medidas tendientes a regularizar su actuación en el plazo de 30 días hábiles", concluye Contraloría.