Tras años de investigación, la Contraloría General de la República (CGR) resolvió solicitar la destitución de 3 directivos y la suspensión de al menos otros 5 más funcionarios de confianza de la gestión del alcalde Cristián Balmaceda, en la foto.
En resolución exenta N° 2736 -a la cual tuvo acceso nuestro medio- los casos investigados datan desde el año 2013 y tienen relación con la venta ilegal de permisos de circulación por un monto de 426 millones 939 mil 834 pesos, no ingresados a las arcas municipales, y con la subvención otorgada a la Fundación Mundo Diferente por un total de 349 millones 647 mil 814 pesos; organización que bajo el paragua de ejecutar acciones de ayuda social, participaba en una suerte de acarreo de clientes para la obtención de permisos de circulación.
Por estos ilícitos, la CGR aplicó la medida de destitución al ex Administrador Municipal y actual Director de Seguridad y Alcalde subrogante, a un ex Administrador De Finanzas y un ex Director del Transito.
En tanto, sanciones disciplinarias -como suspensión de empleo por dos meses con goce del 70% de sueldo- recayeron sobre cuatro funcionarias. Entre éstas, se cuentan las directoras de las unidades: Dirección de Desarrollo Comunitario, Administración y Finanzas y Permisos de Circulación.
Grave infracción a la probidad
Al ex administrador municipal y actual mandamás de la Seguridad Pública Comunal, Alfredo Otazo Bravo - hombre de la mayor confianza del Alcalde Cristian Balmaceda- la CGR lo acusa de haber cometido una grave infracción al principio de probidad administrativa.
El principio de probidad está consagrado en la Constitución Política. De acuerdo a la ley consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
En este contexto, la CGR pide la destitución del citado funcionario, por haber permitido que “la Fundación Mundo Diferente realizara actividades de captación de contribuyentes y el otorgamiento y tramitación de permisos de circulación (…) otorgándoles, asimismo, facilidades de pago a empresas automotoras captadas por dicha fundación”.
Al mismo tiempo, el máximo ente fiscalizador le imputa el haber consentido, “que personas contratadas a honorarios actuaran como captadores de contribuyentes, giradores y recaudadores de permisos de circulación, además sin la pertinente caución, quienes operaban dentro y fuera de las dependencias municipales”
¿Qué dice el alcalde?
El pasado mes de julio, el alcalde de Pirque - Cristian Balmaceda Undurraga - en entrevista difundida en el programa “Conciencia Civica” de Radio Pirque, difundió que la CGR había resuelto aplicar altísimas sanciones – a muchos funcionarios- por los casos anteriormente descritos. También explicó que no había ninguna sanción contra él y que el asunto de 400 y tantos millones, no ingresados a tesorería municipal, no era veraz.
Sin embargo, la GGR indica en su resolución: “cabe precisar que las autoridades edilicias se encontraban en conocimiento de éstos, así como de la deuda generada por los permisos emitidos y no pagados”.
No obstante los dichos del jefe comunal, la entidad fiscalizadora precisa, “que en virtud de la carencia del adecuado orden administrativo en el Departamento de Finanzas y Tesorería de la Municipalidad de Pirque, se ha constatado en las indagaciones efectuadas, que el municipio no ha podido dar cuenta al fiscal instructor de esta Contraloría de la situación actual de la deuda denunciada por la Tesorera Municipal de la época, ni de su conciliación bancaria”.
La CGR hace presente que todos los hechos precisados en el informe sumario, dieron origen a la tramitación de causas judiciales incoadas en el Juzgado de Garantía de Puente Alto. Al respecto puntualiza: (…) todas referidas a malversación de caudales públicos, de los artículos 193 N° 4 y 196 del Código Penal, el delito de fraude al fisco, del artículo 239 del Código Penal, la cual se encuentra en etapa investigativa”.
