La Contraloría General de la República (CGR) dio su cuenta pública, donde informó que existen 6.311 nuevos casos involucrados en mal uso de licencias médicas, donde funcionarios pedían reposo para luego trabajar en el sector privado.

En específico, la contralora general, Dorothy Pérez, indicó que emitirán un nuevo informe que detallará “6.311 casos de personas que justificaron su inasistencia en el sector público. No podían venir a trabajar a los municipios, a los servicios de salud, a los ministerios, pero sí podían trabajar en el sector privado”.

“Y detectamos 6.311 casos de personas que estaban recibiendo al mismo tiempo renta por actividad que hicieron en ese periodo en dos o en tres trabajos. Pero a los privados podían ir, ahí no presentaron licencia, y a los públicos sí podían aceptarse”, precisó, añadiendo que “la mayoría de los casos son reales”.

96% de solicitudes de condonación rechazadas

Junto con ello, apuntó que, dentro de los avances en responsabilidades y recuperación de fondos del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) en los casos de licencias médicas, se han rechazado el 96% de solicitudes de condonación.

Según indicó la contralora general de la República, en su totalidad fueron 55.933 casos involucrados a licencias médicas; de estos se realizaron 13.074 sumarios que fueron informados en el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) y otras 723 entidades no dieron cuenta de sus sumarios.

Dentro de ello, las investigaciones terminadas son 344 y los resultados de ellas son 93 funcionarios destituidos y 77 personas con término de contrato.

En esa línea, respecto a los requerimientos de recuperación de fondos del SIL, la contralora señaló que “muchos funcionarios presentaron ante la Contraloría la solicitud de condonación de esos dineros, que esos dineros no tuvieran que devolverlos. La ley orgánica faculta a la Contraloría con esa atribución de condonar o dar facilidades; en el 96% de los casos hemos rechazado esas solicitudes de condonación”.

“Solo se han otorgado cuando había algún error en la determinación de la persona o cuando hay una causal humanitaria: la persona está en una situación terminal. Todos los demás casos se rechazan porque son fondos, como lo dijimos al comienzo, de todos y tenemos que recuperarlos”, aseveró Pérez.

Además, sostuvo que son 1.311 millones de pesos los que son ordenados a reintegrar por el Subsidio de Incapacidad Laboral.