Hace algunos días, la Contraloría General de la República remitió al Ministerio del Interior una presentación que daba cuenta de importantes hallazgos que dicen relación con el funcionamiento administrativo de Carabineros. La entidad liderada por Jorge Bermúdez envió los antecedentes para que estos datos fueran usados para el plan de modernización de la policía uniformada, la que fue objeto de 47 fiscalizaciones por el ente contralor, entre 2017 y 2019, la que vertió sus resultados en un informe consolidado de 73 páginas y que contempla 596 observaciones, según da cuenta La Tercera.

Las pesquisas en la administración y cuentas de Carabineros también están radicadas en el Ministerio Público. Allí el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, indaga la presunta malversación de más de $ 28 mil millones. Este caso ha derivado en extremar las medidas de control y cambios internos en materia financiera. No obstante, el informe de Contraloría es de otra naturaleza.

En las investigaciones del ente contralor se puso el foco en las Zonas Regionales de Carabineros (las direcciones de cada jefatura del país), en sus cuentas corrientes, gastos e ingresos, y también en los departamentos de Remuneraciones y Personal de la institución uniformada.

Manejo indebido

Según el informe de Contraloría, se detectaron recursos destinados al manejo operacional, como remuneraciones o viáticos, que se transfieren desde cuentas presupuestarias (cuenta única fiscal) a cuentas corrientes internas de la institución.

“Se determinó que la totalidad de las Zonas Regionales de Carabineros de Chile administraron en sus respectivas cuentas corrientes internas fondos ajenos a la naturaleza de ésta, los que durante el periodo auditado ascendieron, a lo menos, a $ 15.349.259.691, equivalentes al 52,9% del total de recursos manejados en sus cuentas bancarias internas”, dice la investigación.

Para Contraloría, este tipo de movimientos no permitiría un control adecuado de los fondos de Carabineros, pues “implica el riesgo para dicha entidad, de verse enfrentada a la probabilidad de ocurrencia de eventuales desvíos de fondos a fiscales”.

El análisis no solo contempla situaciones más macro, sino que también aspectos que tienen que ver con la operatividad de los funcionarios de Carabineros.

Por ejemplo, la Contraloría “advirtió que a 34 funcionarios pertenecientes a la dotación de la Zona Regional de Carabineros de Valparaíso se les pagó la asignación zona, por un monto total de $ 73.483.011, sin que a estos les asista el derecho a percibirla, toda vez que viven en comunas de la Región de Valparaíso que no otorgan el derecho a tal estipendio”.

De todas las fiscalizaciones que hizo Contraloría, una se derivó al Ministerio Público, se ordenaron 14 procedimientos disciplinarios y se hicieron 11 solicitudes de reintegro de los fondos cuestionados en distintas instancias.

Viáticos y cuentas

Otro de los hallazgos de Contraloría planteado en este informe da cuenta del pago irregular de viáticos, pagos duplicados a funcionarios en el extranjero y la existencia de cuentas ocultas.

En el caso de los viáticos, el ente contralor identificó que “en las Zonas Regionales de Carabineros de Tarapacá, Atacama, Biobío, La Araucanía y Los Ríos no existen mecanismos de control, referidos a las instancias de revisión, aprobación y supervisión que permitan cautelar la entrega de viáticos al personal, toda vez que se advirtieron rendiciones de viáticos sin las visaciones correspondientes, errores en el cálculo de estos, planillas sin firma del funcionario que efectuó la comisión de servicio (…) funcionarios con asignación de viáticos en días ausentes de su jornada y falta de documentación que acredite su realización, entre otros”.

En el caso de los pagos de viáticos a funcionarios que estaban ausentes de sus labores, estos costaron un total de $ 42 millones.

En cuanto a los llamados “pagos duplicados”, se detectó que al personal que estuvo comisionado en el extranjero se le rindieron dos veces los viáticos, con un mismo documento. El monto involucrado acá, según Contraloría, es de $ 1.160 millones.

El uso de cuentas bancarias, como foco investigativo, también arrojó algunos hallazgos. Por ejemplo, se detectaron 21 cuentas corrientes “ocultas”: “se advirtió que la entidad auditada no cuenta con procedimientos de control sobre las cuentas corrientes que mantiene en el Banco del Estado de Chile o en otras entidades financieras, desconociendo el número de ellas, toda vez que esta omitió informar 21 cuentas corrientes a este Organismo de Control”.

La revisión de Contraloría contempló todo. Por ejemplo, en siete entidades auditadas se advirtieron pagos por conceptos de multas e intereses por boletas de consumos básicos de luz, gas y agua, entre otros, por $ 4, 4 millones.