La Contraloría declaró ilegales 29 de los 34 convenios entre el Estado y fundaciones, cuyas tomas de razón habían sido congeladas por el ente regulador el pasado 29 de junio.

Según información del diario La Tercera, se trata de acuerdos que fueron suscritos en 2023 y cuyo monto total alcanza los $13 mil millones.

De acuerdo a la publicación, se determinó que estos convenios no cumplen con las disposiciones legales ni con los estándares requeridos por el organismo.

Uno de los motivos por los cuales se declaró la ilegalidad de los convenios, tiene relación con que las fundaciones presentan giros “demasiado amplios”, según se cita en el referido artículo.

En ese sentido, Contraloría advirtió que algunas ONG dicen estar dedicadas a “ayudar al prójimo”, lo que deja mucho espacio para la interpretación.

Además de las referencias genéricas, el ente regulador también objetó la “falta de claridad de los ítems de gastos”, lo cual es especialmente delicado considerando que su financiamiento proviene de recursos públicos.

Por otro lado, el organismo constató la “inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras” de los fondos transferidos.

Con esta declaración de ilegalidad, los convenios vuelven a foja cero: es decir, son anulados. En caso que las partes quieran volver a firmar un acuerdo, deberán iniciar un nuevo proceso de toma de razón.