Este lunes la Contraloría General de la República (CGR) que dirige Dorothy Pérez publicó un instructivo destinado a las instituciones públicas, con el objetivo de determinar y hacer efectivas las responsabilidades administrativas de funcionarios involucrados en el uso irregular de licencias médicas.

La medida surge tras la revelación de que 25.078 empleados públicos realizaron 59.575 entradas y salidas del país mientras se encontraban con licencia médica, según el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC) del organismo.

El instructivo, compuesto por siete puntos, detalla los procedimientos que deben seguir las entidades públicas, incluyendo la designación de fiscales sin relación de dependencia con los investigados y con un grado jerárquico igual o superior.
Además, se enfatiza la necesidad de asegurar un proceso racional y justo, garantizando el derecho de defensa de los involucrados.

Para respaldar las investigaciones, se requerirá la certificación oficial de la Policía de Investigaciones de Chile respecto a las fechas de entrada y salida del país de los funcionarios.
Los actos administrativos que dispongan sobreseimientos, absoluciones o sanciones estarán sujetos a la toma de razón por parte de la CGR, y los inculpados podrán ejercer su derecho a reclamo ante el organismo.