La Corte Suprema acogió un recurso de casación y condenó este viernes a 12 años de cárcel a dos funcionarios en retiro de Carabineros por el secuestro calificado (desaparición forzosa) del agricultor José Domingo Llabulén Pilquinao, militante del Partido Comunista, cometido en la sureña comuna de Lautaro, Región de La Araucanía, el 11 de octubre de 1973, un mes después del golpe militar que inició la dictadura.

La II Sala del máximo tribunal ratificó por unanimidad la sentencia dictada en primera instancia por el juez Álvaro Mesa, que condenó al entonces mayor Jorge Enrique Schweizer Gómez y al cabo Domingo Antonio Campos Collao en calidad de autores del crimen.

Los magistrados establecieron un "error de derecho" en una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que había aplicado la media prescripción y rebajó la condena de primera instancia.

Con relación al tercer condenado en la causa, el ex capitán Marcial Edmundo Vera Ríos, quien falleció el 1 septiembre de 2019, la Suprema lo excluyó de la presente resolución, debiendo el juez Mesa "recabar el certificado respectivo y dictar la resolución que en derecho corresponda".

Respecto al caso, el fallo de primera instancia dio por establecido que la víctima, de 44 años, "viajaba en un bus de recorrido rural desde Lautaro hacia su domicilio ubicado en la comunidad indígena de Quiñaco-Manzanal, junto a dos de sus hijos" el 11 de octubre de 1973, cuando "en un determinado punto del camino el microbús fue interceptado por una patrulla de Carabineros de la 1° Comisaría de Lautaro que se movilizaba en una camioneta particular, ordenando al chofer del móvil detener su marcha".

"Acto seguido hicieron descender a todos los pasajeros del bus, tomando posteriormente detenido a José Domingo Llabulén Pilquinao, a quien subieron a la camioneta en que la patrulla se movilizaba, sin portar aparentemente una orden judicial que los facultara para tal acto", constató la investigación.

"Inmediatamente la patrulla se dirigió a la Comisaría de Lautaro siendo seguidos por los hermanos Llabulén Llaulén (hijos de la víctima), quienes pudieron ver el momento en que su padre era bajado del móvil e ingresado a la unidad siendo esta la última vez que tuvieron noticia sobre el paradero de su padre", indicó.

Durante la dictadura (1973-1990), según datos oficiales, unas 2.300 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 permanecen aún como detenidos desaparecidos y otras 33.000 fueron torturadas y encarceladas por causas políticas.