Este viernes 23 de enero, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la admisibilidad de la querella de capítulos interpuesta contra la exministra Ángela Vivanco Martínez, resolución que deja a la Fiscalía en condiciones de avanzar penalmente en su contra.

Según se informó, el fallo definitivo del máximo tribunal será dado a conocer durante el transcurso de la tarde. Con esta decisión, el Ministerio Público queda habilitado para solicitar medidas cautelares, incluida una eventual orden de arresto, además de quedar en posición de formalizar a Vivanco.

La sentencia, dictada por la Sala integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama y Leopoldo Llanos, la ministra María Cristina Gajardo y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo, señaló:

«En este estado de la investigación, los elementos expresados, tanto en la querella de capítulos —y su ampliación—, como en sus adhesiones, resultan ser del todo plausibles para revestir de seriedad y verosimilitud a las imputaciones efectuadas en contra de la capitulada, lo que permite hallarle mérito, sin que por lo anterior esta Corte determine o asiente hechos, ni menos determine responsabilidades, todo lo cual deberá ser establecido en la sede procesal correspondiente, a través del debido y racional procedimiento establecido por el legislador, por medio del cual los intervinientes y, por sobre todo, la defensa, mantienen incólumes las garantías fundamentales y los derechos procesales que les asisten»

Cabe recordar que el pasado martes la Corte Suprema había dejado pendiente la resolución del recurso que buscaba impugnar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual declaró admisible la querella de capítulos presentada contra la exmagistrada, junto con su ampliación. En esa oportunidad, se indicó que aún restaba la deliberación de los ministros y la redacción del fallo definitivo.

La confirmación de la querella de capítulos constituye un paso clave en el proceso, ya que permite levantar el fuero judicial y habilita la persecución penal directa contra la exjueza, marcando un nuevo hito en una causa que continúa sumando antecedentes y eventuales responsabilidades.