Un reporte del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) —equivalente estatal al sistema de AFP chileno— mostró que Walter de Jesús Rodríguez Pérez, 28 años, el presunto líder operativo del secuestro con homicidio del teniente (r) venezolano Ronald Ojeda, trabajó para el régimen de Nicolás Maduro.

Su informe de cotizaciones, dado a conocer por el medio Ex-Ante desde el sitio web de la IVSS, usando su cédula venezolana, mostró que se desempeñó 7 semanas, entre abril y mayo de 2015, en el “GE despacho del gobernador”.

Se trata de la única actividad remunerada que registró en el sistema este delincuente venezolano, donde no se ingresó el monto de su remuneración (aparece 0,00, lo que podría deberse a la devaluación del bolívar) ni sus funciones específicas.
Reportajes venezolanos sobre casos locales mostraron que el número de empleador A29908010 correspondía al gobernador del estado de Aragua.

Quién ocupaba el cargo entonces era el abogado Tareck El Aissami, otrora número 3 del chavismo, que en marzo de 2023 presentó su renuncia como ministro del petróleo y vicepresidente sectorial de economía en medio de un escándalo de corrupción.

Sobre este nuevo antecedente fue consultada la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien no quiso referirse a la información. Sin embargo, recalcó la posibilidad de iniciar una investigación interna para combatir las filtraciones de la carpeta investigativa.

"Como Gobierno -aquí estuvimos hablando, lo dijimos en la sesión (especial del Senado que aborda el tema) también- no vamos a opinar ni nos vamos a hacer parte de las filtraciones de la carpeta investigativa", señaló la ministra.

"Es más, en la sala dijimos que nos parece que es atendible que se evalúe por parte de la Fiscalía que se investigue a los funcionarios que pueden estar detrás de estas filtraciones: no a los periodistas, ciertamente, pero sí a los funcionarios", agregó.

"Los únicos que tienen acceso a la carpeta investigativa son funcionarios que pueden ser de las policías, de la Fiscalía o de otros organismos que conocen parte de la carpeta y que, por supuesto, tienen una situación vinculante con esta ley que prohíbe informar", cerró la autoridad de Estado.

Cabe destacar que el documento en cuestión no especifica el rol que cumplió Rodríguez cuando era empleado estatal, oficio ejercido entre abril y junio de 2015.