Con la presencia de un móvil de migraciones de la Policía de investigaciones, junto a un operativo social, se dará inicio al proceso de desalojo de las construcciones emplazadas en la toma Calicheros de Quilpué, mientras en paralelo se afinará la logística del trabajo en terreno para proceder con esta acción.

Con un operativo social, migratorio y sanitario, se llevará a cabo este proceso para los habitantes de este espacio propiedad de la familia del empresario Alejandro Correa, asesinado por medio de un sicariato en mayo de 2020. El operativo fue organizado por la Delegación Presidencial de Valparaíso y el Municipio de Quilpué, en coordinación con organismos gubernamentales, quienes darán inicio este martes a la demolición.

Estas acciones se coordinaron en una nueva reunión entre el Gobierno, el Municipio y representantes de los propietarios del inmueble, quienes junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) revisaron el plan de trabajo diseñado para concretar esta demolición con el debido resguardo de la seguridad e integridad de las familias ocupantes, así como también de sus animales y mascotas. 

En la antesala a este proceso, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, precisó que “estamos avanzando en el restablecimiento de la legalidad urbanística y también hemos colaborado con el municipio en el catastro con atenciones especiales, y junto a esto, en coordinación con la delegación presidencial regional y provincial los asuntos relativos a albergues que serán dispuestos por la autoridad local”.

En cuanto a la ejecución de la demolición, el pasado el viernes 26 de septiembre, Serviu Valparaíso firmó el contrato con la empresa constructora a cargo de las faenas, lo que dio paso a la planificación de la intervención a desarrollarse en coordinación con todas las instituciones públicas que forman parte de la mesa de trabajo.

De acuerdo a lo programado por Serviu, el terreno de la familia Correa será intervenido por sectores, considerando la topografía del lugar, la densidad de las edificaciones irregulares y garantizando la seguridad e integridad de las familias. La empresa contará con maquinaria y mano de obra especializada para ejecutar los trabajos de demolición en seis zonas, de manera progresiva y ordenada.

Se estima que estos trabajos se desarrollen en máximo dos días, coordinándose a fin de habilitar el terreno a sus propietarios en el menor tiempo posible.

No obstante, se vislumbra un proceso complejo, ya que los ocupantes del terreno anunciaron que se resistirán a la medida de desalojo. Una de las voceras, Yasmín Durán, señaló ante la prensa en la antesala del procedimiento que "pueden botarme la casa si quieren pero no nos van a mover, hay una orden de demolición pero no de desalojo". Otro de los voceros, Gustavo Sepúlveda, afirmó que "las personas no se van a mover, porque se les prometió un plazo razonable y no se cumplió".

Cabe recordar que el terreno tomado pertenece a la familia del empresario Alejandro Correa, asesinado en 2020 poco después de haber denunciado públicamente la usurpación de sus terrenos en Quilpué. Se estima que hay cerca de 130 familias viviendo en la toma. La Seremi de Vivienda ordenó la demolición en 2021 y el año pasado la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó que se concrete la medida.