Foto: Abogado Roberto Avila

Una nueva querella por crímenes de lesa humanidad fue interpuesta por la joven Sandra Zavala, quien fue detenida, según el libelo, en avanzado estado de embarazo, torturada y ello le ocasionó serios problemas en el embarazo. Al dar a luz, le dijeron que su hija había muerto. Nunca le entregaron su cuerpo, tampoco el certificado de defunción.

Sandra, actual residente en la comuna de El Bosque, denuncia en la querella que "El 13 de Mayo de 1988 siendo aproximadamente a las 6.30 horas de la madrugada frente a mi domicilio unas personas vestidas de civil empezaron a gritar mi nombre 'Sandra', cuando yo salí me preguntaron si era yo, cuando les dije que si, me señalaron que debía acompañarlos. No se identificaron ni exhibieron orden judicial que facultara la detención. Eran aproximadamente cuatro, vestidos de civil, todos varones, y otros dos estaban en la entrada del pasaje. Mi casa tenía reja de madera, con un candado. Como me negué a acompañarlos me dijeron que si no lo hacía irían a matar a mi hermana con mi sobrinos, menores de edad, ellos vivían a la vuelta de mi casa. Ahí saque el candado y los acompañé, aparecieron los otros dos caminamos hacia el domicilio de mi hermana. Allí había un gran despliegue de personas que portaban armamento, pistolas y metralletas. Ingresamos a la casa de mi hermana y allí me interrogaron junto a mi hermana".

El infierno recién comenzaba

No era algo directo respecto de ella, querían que entregara a una amiga: "Me preguntaban por la familia Bravo, específicamente por Patricia Bravo Solís y su hermana Edith y su hermano Rubén. El papá de estas personas era el propietario de la casa que mi hermana arrendaba. Me preguntaban donde vivían y que hacían, entre insultos y amenazas, me decían que ella era terrorista y comunista. Yo la conocía a Patricia porque éramos del mismo barrio, pero no sabía donde vivía ahora que la buscaban. Me apuntaban con las metralletas. Estuvimos dentro de la casa de mi hermana por aproximadamente 30 minutos".

No hubo miramientos añl momento de atormentarla a pesar de su estado de embarazo evidente: "Me subieron a golpes de puños a un vehículo, era un vehículo blanco, como una furgoneta con tres corridas de asientos. Allí me golpeaban e insultaban, yo tenía siete meses de embarazo, el chofer le dijo, jefe no le pegue más dese cuenta que está embarazada. Ellos querían que les dijera donde vivía Patricia Bravo, en un momento una voz desde atrás me susurra “Chany dile”, era una voz muy quejumbrosa, era una persona que llevaban en el suelo tapada con una frazada, yo reconocí la voz de un vecino llamado René Miranda, conocido como 'el Rana'. Como volví la cabeza para mirarlos me empezaron a golpear con más violencia. Nunca me vendaron ni esposaron, era difícil que pudiera hacer algo como escapar. El que más me golpeaba era el que le decían 'jefe'. Creo poder reconocer los rostros de quines me secuestraron".

Luego del interrogatorio en la casa de mi hermana el vehículo en que me llevaban comenzó a dar vueltas por la población, luego me subieron a un auto azul pequeño, que sólo llevaba el chofer, este luego de pocos minutos me fue a dejar a un pasaje, el chofer me dijo 'yo hasta aquí la dejo, bájese'", le dijeron. Más tarde supo que "Patricia Bravo fue detenida unas pocas horas después por personal de Investigaciones, específicamente de la Brigada de Asaltos y brutalmente torturada. Ella fue detenida junto a toda su familia". "Esta situación fue terrorífica para mí y alteró mi embarazo", denuncia en el libelo.

El daño ya estaba hecho

"Por mi situación y acompañada de mi amiga Saratiel Ferrada  concurrí a la Vicaría de la Solidaridad, ubicada en Plaza de armas y se interpuso un recurso de amparo en mi favor".

"El 26 de Mayo de 1988 ingrese al Hospital El Pino por complicaciones en mi embarazo. Estas dificultades tenían causa directa mi detención y la golpiza que había recibido, pues antes era un embarazo normal. Allí me ingresaron     de urgencia estuve hasta el 13 de Junio hospitalizada, el 11 de Junio di a luz a mi bebé, que era de sexo femenino. Luego se me dijo que había muerto, pero nunca nos entregaron el cuerpo. Tampoco nos dieron un certificado de defunción. Todo esto a pesar de los múltiples requerimientos que les formulé", reclama.

La querella patrocinada por el abogado Roberto Ávila Toledo, el mismo que logró encauzar y encarcelar al ex alcalde de Providencia Cristián Labbé y que gestiona otras causas de derechos humanos, propone una serie de diligencias orientadas a demostrar la veracidad de los hechos. "Tiene derecho a saber qué pasó con su hija y que se conceda justicia, además de sanción a los culpables", indica a nuestro medio el profesional.