Como “impedida de restituir los fondos” definió la abogada Victoria Silva sobre la Fundación Democracia Viva, a la que representa en el juicio contra el Estado de Chile que solicitó ante el Primer Juzgado de Antofagasta por el Caso Convenios. 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo puso fin al convenio con la Fundación Democracia Viva luego que se conociera que tal trato se realizó cuando Carlos Contreras era Seremi de Vivienda de Antofagasta y Daniel Andrade representante de la corporación, ambos en la foto y militantes de Revolución Democrática y también ligados a la diputada Catalina Pérez, (RD) donde Andrade fue su pareja y Contreras su jefe de gabinete. 

El convenio total consistía en la entrega de 426 millones de pesos desde el fisco a la corporación sin fines de lucro para la ejecución de un proyecto. Una parte del dinero efectivamente se utilizó para el trabajo, pero el Minvu exige la devolución de 391 millones de pesos. 

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó a la justicia que se congelaran los fondos bancarios de Democracia Viva, pero de todos modos los fondos que tiene la fundación no serían suficientes para restituir lo que pide el gobierno. 

Desde Democracia Viva respondieron ante la justicia la solicitud del Minvu sobre el plazo de 30 días para devolver el dinero. 

“Los únicos bienes que esta parte tenía disponibles para restituir y cumplir con el requerimiento administrativo del Seremi de Antofagasta, eran las sumas de dinero que se encontraban en la cuenta bancaria de la cual era titular la Fundación Democracia Viva y que actualmente se encuentran retenidas por la resolución de usted”, explicó en su escrito Silva. 

“Mi representada (Democracia Viva) se encuentra impedida de restituir los fondos requeridos dentro del plazo otorgado mediante los citados actos administrativos por encontrarse dichos fondos retenidos por la resolución judicial que así lo dispone”, añade. 

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, insistió en que ellos intentarán que se reponga el total del dinero del convenio, pese a los dichos del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien aseguró que esto era “casi imposible”.