La denuncia ante la Corte Penal Internacional que hemos presentado cinco abogados chilenos, Rodolfo Marcone, Juan Banderas, Nelson Hadad, Hassan Zerán y Roberto Mayorga y que cuenta con la adhesión de otros 100 juristas
del país es una iniciativa ciudadana de carácter humano y jurídico, transversal, al margen de todo tipo de consideraciones políticas, religiosas o ideológicas.

Es importante tener presente que esta denuncia no es contra el Estado de Israel, ni contra la nación o pueblo judío, a los que tenemos en alta estima, sino en contra de sujetos individualizados como Benjamín Netanyahu y otros,
por los crímenes de guerra cometidos que han significado a la fecha más de 23.000 muertes, entre ellos, 10.000 niños, mujeres y ancianos, amén del intento de exterminar una nación de más de dos millones de personas, expulsándola de su territorio y usurpándoles sus propiedades muebles e inmuebles, en un asedio bélico en que se les ha privado de todo medio de sobrevivencia, agua, alimentos, medicinas, viviendas, hospitales, escuelas.

Nuestra decisión se ha inspirado en un categórico imperativo de conciencia humanitaria, amén de que en nuestra calidad de abogados intentamos romper el silenciamiento de los medios sobre estos atroces crímenes utilizando los instrumentos que nos concede el derecho, esto es, accionar ante tribunales internacionales, en una decisión espontánea, libre, ad
honorem, y patrocinados por el abogado también chileno Juan Carlos Manríquez, habilitado para litigar ante la Corte Penal Internacional.

En la denuncia condenamos expresa y rotundamente los crímenes cometidos por Hamas el 7 de octubre y que han desencadenados esta tragedia mundial.

Abominamos de todo acto de terrorismo y de violencia indiscriminada como vía de acción política, provenga de quien provenga. Estamos por la paz, la seguridad y la convivencia entre las naciones del mundo y apelamos por la
libre coexistencia tanto del pueblo judío como del pueblo palestino.

Confiamos que se entienda, a base de lo anteriormente señalado, que no hay nada en nosotros de antisemitismo. Reiteramos, la denuncia no es ni en contra del Estado de Israel ni de la nación ni el pueblo judío, sino en contra
de sujetos personalmente individualizados. Piénsese que grupos de judíos en diferentes lugares del mundo incluido el Capitolio en Washington DC han organizado protestas exigiendo a Netanyahu el cese del fuego.

Nadie pone en duda el legítimo derecho de defensa de Israel, pero este derecho deviene en ilegítimo cuando se ejerce no sólo contra los hechores de los crímenes sino que contra sus hijos, padres, hermanos, familias, en concreto contra dos
millones de ciudadanos civiles mediante acciones de guerra que poseen el carácter de genocidio y que, dañando gravemente la imagen judía provocan una riesgosa propagación del conflicto a nivel global.

La denuncia ha surgido espontáneamente no sólo en Chile, sino que también la han presentado países como Sudáfrica y grupos de abogados de Francia, Bélgica y otros países.

Recientemente la Cancillería de Chile ha anunciado ante las Naciones Unidas que se sumará.

Confiamos con nuestra acción sensibilizar humanamente a nuestra población sobre lo que acontece en Palestina y romper esa especie de cerco del silenciamiento sobre esta tragedia que se ha traducido en que algunos medios la ignoran, muchos rehúsan hablar del tema y cierran los ojos negándose a ver las imágenes de lo que está sucediendo y, de esta manera, lo ocultan a sus corazones, tal vez para evitar cargos de conciencia. 

Desde una perspectiva jurídica aparecen claramente demostrados los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra tipificados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.

El escenario es extremadamente complejo para la Corte ya que hasta ahora sólo ha tramitado investigaciones de crímenes cometidos en naciones que no tienen influencia internacional. Sabemos el poder que poseen las grandes potencias en estos temas, sin embargo, prevemos que el clima jurídico pueda cambiar desde el momento en que se ha abierto una investigación por la agresión de Rusia sobre Ucrania en que la Corte ha emitido una orden de detención
internacional en contra de Putin.

Medida similar se solicita respecto de Netanyahu. No puede la comunidad internacional permanecer impasible en
este siglo XXI ante tan horrendos crímenes.