Por Agencia Efe

Cuando el papa Francisco llegó a Chile hace exactamente cuatro años, no solo encontró un país vaciado de fieles, sino que recibió de frente una ola de denuncias contra la Iglesia católica por abusos sexuales y encubrimiento sistemático de estos actos durante décadas.

"Obispo encubridor no puede ser pastor", rezaban muchos de los afiches con que Bergoglio fue recibido en las calles chilenas, con muchos menos devotos de los esperados por una institución sacudida ante casos como el del ya fallecido exsacerdote Fernando Karadima, autor de delitos sexuales -denunciados en 2010- cuando ejercía como párroco en El Bosque, una de las zonas más acomodadas del país.

En su último día de visita, ante una pregunta sobre las acusaciones contra del renunciado obispo Juan Barros, Bergoglio exigió "pruebas" a las víctimas -que luego cambió por "evidencias"- y calificó de "calumnias" todas las imputaciones.

Sin embargo, después de que investigadores vaticanos visitaran el país el mismo año en diferentes oportunidades, en mayo de 2018 Bergoglio reconoció una "cultura del abuso y encubrimiento" en Chile, invitó a los denunciantes a Roma y pidió la renuncia a varios obispos chilenos después de citarlos al Vaticano.

Con todo, según relataron a Efe laicos y denunciantes en estos casos, el papel de la Iglesia en el esclarecimiento de la verdad y búsqueda de justicia quedó en meros actos comunicacionales, y hoy la impunidad sigue siendo la regla dentro de una organización que ha perdido gran parte de su influencia en la esfera pública.

"RENOVACIÓN TRANCADA"

La intervención de Charles Scicluna y Jordi Bertomeu en Chile, los dos enviados papales, generó mucha molestia en la Conferencia Episcopal, dijo a Efe Eugenio de la Fuente, que dejó el sacerdocio después de 20 año en 2021 tras una larga reflexión en pandemia.

De la Fuente acompañó a numerosas víctimas de abuso a realizar denuncias, guiándolas por la vía institucional y llevando personalmente los antecedentes a Roma, a manos del papa.

"Eso me produjo esperanza. Sin embargo, a mediados de 2020 me di cuenta que la renovación de la iglesia chilena se había trancado. Se pidió la renuncia de ocho obispos sin transparentar sus razones, y muchos otros quedaron. Nunca se continuó la renovación de la Iglesia chilena, ese es un hecho objetivo", dijo a De La Fuente a Efe.

"Los casos que yo acompañé, muchos terminaron en los dicasterios romanos con muy malas soluciones, sin reparación, con negligencia, con protección de personas con altos cargos de congregaciones. Me pasó que al ver que las denuncias no llegaban a puerto se defraudaba a las víctimas una vez más y no podía seguir manteniendo mi promesa de obediencia a la institución", agregó.

"INSTITUCIÓN PELIGROSA"

Para el abogado Juan Carlos Claret, exvocero de laicos y laicas de Osorno -diócesis del entonces obispo Juan Barros, denunciando por encubrimiento de caso Karadima- es un hecho que la visita de Francisco "dejó menos creyentes de los que había antes de su llegada".

"Hasta unos años atrás, si bien el episcopado no tenía una preponderancia social, sí la tenía en las esferas de poder. Con la visita de Francisco y el escándalo que eso generó, el episcopado perdió esa posición", afirmó Claret a Efe.

"Los casos de abuso tuvieron un efecto preponderante en lo comunicacional, pero en lo institucional bastante menos. Lo que se ha hecho hasta ahora es poner un poco más de orden, pero los nudos problemáticos que afectan tanto la ocurrencia del abuso como su encubrimiento siguen ahí y eso no ha cambiado", agregó.

En sus registros personales, Claret contaba en 2020 con más de 300 causas aún pendientes de denuncias de abuso perpetrados por miembros del clero, la mayoría de ellas aún sin respuesta.

"La Iglesia sigue siendo una institución peligrosa. No digo que el mensaje sea el peligroso, sino la orgánica, el diseño institucional que se han dado para cumplir sus propósitos es muy peligroso para las personas vulnerables. Si quiere corregir esos peligros tiene que ser capaz de cuestionar los propios fundamentos de la institución", apuntó.

"LA SOCIEDAD ESTÁ DEL LADO DE LAS VÍCTIMAS"

José Andrés Murillo, uno de los denunciantes en el caso Karadima, dijo a Efe que la lentitud en las investigaciones judiciales ha llegado incluso a niveles cercanos a la "negligencia", excusada en algunos casos por las condiciones impuestas por la pandemia, pese a que otros procesos no vinculados a la Iglesia han seguido su curso durante este periodo.

"Sabemos que hay intervención de la Iglesia a nivel de lobby, cosa que no nos sorprende porque siempre se ha manejado de esa forma, pero que deja con una sensación por un lado de impunidad y por otro de indefensión a las víctimas, indiferencia y abandono", señaló Murillo.

Es necesario, agregó, que el Estado "establezca las condiciones necesarias para la investigación y el establecimiento de la verdad, para buscar justicia y reparación incluso ahí donde no se ha podido establecer quién cometió abusos, aunque sí sabemos que hay una víctima, que se establezcan responsabilidades institucionales".

"Durante mucho tiempo la sociedad estaba del lado del poder porque estar fuera del poder era muy peligroso. Hoy día se ha corrido el cerco y la sociedad está de lado de las víctimas", declaró.