El Semanario Cambio21 en su portada y otros medios, incluso en páginas editoriales, muestran dos visiones para un mismo tema. El derecho de los funcionarios públicos honestos y eficientes a que se respete su empleo.
El nuevo Intendente de La Araucanía declaró a El Mercurio del 22 de marzo de este año: “Tenemos que formar nuestros equipos. El programa que ganó las elecciones es el nuestro y lo tenemos que aplicar con nuestra gente”. ¿Con los funcionarios que tienen la calidad de exclusiva confianza según la legislación vigente? Por supuesto que tienen derecho a ello y corresponde a los nombrados por el gobierno anterior renunciar, como ha ocurrido en la mayoría de los casos que conozco. Las pocas excepciones que he visto, como la del Superintendente de Pensiones, por ejemplo, no es de extrañar, porque este funcionario se ha caracterizado por su descarada defensa de los abusos de las AFP.
Son los afanes revanchistas y las necesidades de colocar sus operadores políticos, más allá de los cargos de exclusiva confianza, la que genera una masiva campaña propagandística, con descalificaciones generalizadas de los trabajadores y usando indebidamente conceptos como Nobleza, Decencia y Derecho a gobernar. Es decir, puedes ser un funcionario cumplidor, eficiente y honesto, pero si No eres incondicional a la derecha, eres Innoble, indecente y buscas torpedear el desempeño del gobierno. Reconozco como demócrata, que aunque este gobierno recibió la votación de sólo un cuarto de los chilenos con derechos a voto, tiene la legitimidad para gobernar y que, del mismo modo, la fragmentada oposición, que cuenta con otro cuarto, tiene el deber de actuar de manera responsable con el país. Pero los juicios de faltar” decencia y nobleza “no pueden ser aplicados a las víctimas, ya que son los victimarios los que carecen de esas apreciadas virtudes.
¿Estas declaraciones son un error puntual? Lamentablemente NO. Es una de las múltiples opiniones públicas de las nuevas autoridades, presionando indebidamente para que los funcionarios públicos que NO son de exclusiva confianza renuncien a su legítimo derecho a la estabilidad en el empleo, garantizado por leyes aprobadas incluso con votos de derecha cuando eran oposición y ahora, además, reconocido por fundadas sentencias de la Corte Suprema. He sostenido siempre que el funcionario público trabaja para el país, respetando sus instituciones y autoridades, pero sin convertirse en rehén político de nadie.
Hace años, junto al ex Senador Mariano Ruiz Esquide hicimos publicaciones y presentamos recursos ante la Contraloría para enfrentar los abusos del primer gobierno de Sebastián Piñera y, adicionalmente, muchas de las negativas prácticas de los neoliberales concertacionistas que se negaban a fortalecer los derechos de los trabajadores. Ahora, los afanes revanchistas y las necesidades de colocar sus operadores políticos, más allá de los cargos de exclusiva confianza, genera una masiva campaña propagandística, con descalificaciones generalizadas de los trabajadores y usando indebidamente conceptos como Nobleza, Decencia y derecho a gobernar. Es decir, puedes ser un funcionario cumplidor, eficiente y honesto, pero si No eres incondicional a la derecha, eres Innoble, indecente y buscas torpedear el desempeño del gobierno. Esta actitud hipócrita es inaceptable.
La rechazo como político ya que, formado en la DC autentica y como ex dirigente sindical siempre defendí el legítimo derecho al trabajo, sin consideraciones partidistas o religiosas. Lo mismo hago ahora como lo he hecho siempre. El mes de octubre del 2010 publiqué en Cambio 21.cl un artículo sobre esta materia, con el título de “Alta Dirección Pública: Sectarismo y doble discurso de la derecha”. Algunas ideas allí contenidas siguen teniendo plena vigencia como se verá. Por ejemplo cité a El Mercurio 01. 10.2010, se leía este titular: "53% de los directivos elegidos por Alta Dirección Pública han sido desvinculados", lo que según, algunos consejeros de ese Sistema, " amenazaba la credibilidad del sistema". Es importante tener presente que "La Alta Dirección Pública (ADP) es un sistema especial creado por la ley 19.882 del 23 de Junio de 2003 para los funcionarios públicos que, cumpliendo los requisitos que allí se exigen, les protege con una modalidad de inamovilidad. Se buscaba proteger a los buenos funcionarios que, además, cumplían con requisitos especiales para entrar a esta nueva categoría que limitaría los abusos que los gobiernos cometían y que fueron así señalados por los parlamentarios de todos los sectores, cuyas ideas recordaré más adelante.
Sostuve en esa publicación que las peticiones de renuncia a funcionarios regidos por esa norma, "aduciendo la necesidad de contar con personas "afines "a sus opción políticas" o por no obedecer una orden ilegal, constituían violaciones de las leyes y de los acuerdos políticos adoptados solemnemente" Así se reflejó en la discusión que tuvo a lugar en el Senado el día 10.05.2010. El entonces Senador Mariano Ruiz-Esquide, profundizó esta argumentación, la que no fue rebatida por los Senadores de la derecha, algunos de los cuales mantienen esos cargos. El Senador DC fijó un marco doctrinario de gran valor para analizar la conducta de los parlamentarios: Afirmó "que es un desafío ético para los que concurrimos a su discusión, y de manera especial para los que votaron a favor, ya que expresó:" Tenemos la obligación moral de ser coherentes. Los chilenos se merecen una conducta sujeta a la ética." Como hemos visto, el abandono de la ética no sólo se ha dado en este campo, contaminando instituciones uniformadas, civiles, religiosas, políticas y culturales.
Pero en este ámbito laboral, el director del Servicio Civil nombrado en el primer gobierno de Piñera, Carlos Williamson, ya expresaba lo que sigue defendiendo ahora: “Desconozco las razones esgrimidas para desvincular, sin embargo, la autoridad tiene todo el derecho a hacerlo si juzga que el directivo no comparte las directrices políticas del programa de Gobierno". Esto es actuar con un doble estándar inaceptable, al tenor de las ideas defendidas por la propia derecha cuando era oposición. En efecto, con votos de todos los sectores, diversas normas legales pusieron fin a la inestabilidad total de los trabajadores del sector público, tanto a contrata como a Honorarios, exigiendo fundamentos para poder ponerles fin. Incluso una modificación legal del año 2016, fortaleció el sistema ADP, impidiendo la mala práctica de nombrar ejecutivos transitorios o provisorios.
El propio Tribunal Constitucional, por su parte, ya había dictaminado e el análisis de la ley original , en el considerando 18º de la sentencia que recayó en el control de constitucionalidad de esa ley; "Que, analizadas las normas del proyecto sobre funcionarios de la Alta Dirección Pública, a la luz de lo expuesto en el considerando precedente, debe concluirse que lo que ha acontecido es que dichos funcionarios han dejado de ser de la exclusiva confianza del Presidente de la República y que han quedado sometidos a un régimen legal estatutario propio que, precisamente, es el que establece el proyecto en estudio."
El Ministro de Hacienda de esa época, reconocido neoliberal, Nicolás Eyzaguirre, expresó durante la discusión parlamentaria: "Los cargos del tercer nivel de responsabilidad son (en esa época) de exclusiva confianza del Presidente de la República y de libre designación. Por lo tanto, las personas que están allí pueden ser removidas en cualquier momento, sin expresión de causa, por la sola voluntad presidencial. Mediante la ley en proyecto, mil funcionarios que estaban en esa categoría pasarán a formar parte de la carrera funcionaria. Por lo tanto, gozarán de inamovilidad."
Las actas del Senado por su parte, nos reflejan el entusiasta apoyo de la derecha, en la oposición en esos años. El entonces Senador Novoa, ahora condenado por recibir dineros turbios, dijo,: "El artículo 27 modifica el Estatuto Administrativo y elimina del rango de funcionario de exclusiva confianza a más de mil empleados importantes, a quienes incorpora en la carrera funcionaria. Me parece que viene a limitar la atribución exclusiva de nombrar a 3 mil 500 a 4 mil funcionarios, la cual, desgraciadamente, se ha transformado en fuente de problemas".
El Senador Coloma, entonces Presidente de la UDI, señaló: "Yo creo que eso es un paso gigantesco respecto a lo vigente; gigantesco respecto de quienes se encuentran en el Gobierno, que se están desprendiendo de grados de poder; gigantesco respecto de quienes aspiran a llegar al Gobierno, que están renunciando anticipadamente a grados de mayor poder.
El entonces Senador ESPINA, hoy Ministro de Defensa, dijo:" Porque hoy día estos cargos son de exclusiva confianza del Presidente de la República, quien contrata y echa a quien quiere y cuando quiere; "Ahora el Gobierno y el Parlamento les están diciendo. "¡Eso se acabó! Tales nombramientos no serán más por cuoteo político. "Además, se les dice que el funcionario estará tres años en el ejercicio del nuevo cargo, con garantía de que si lo cumple bien tendrá autonomía para tomar decisiones, sin depender de los gustos de una autoridad superior. También, la ex senadora Matthei, hoy Alcaldesa de Providencia, expuso: "Ha renunciado a su derecho a nombramiento el Gobierno de turno, como también lo han hecho quienes esperan que en algún momento este último cambie”. A pesar del claro tenor de esas declaraciones, el verdadero rostro se reflejó y muestra ahora en los hechos y en declaraciones del año 2010, del investigador del Instituto Libertad y Desarrollo, Rodrigo Delaveau, quién declaraba que un funcionario público "Puede tener todas las competencias, pero si no adhiero al proyecto del gobierno, no puede seguir, aunque eso implique desvincular al 100%"
Cómo se ve, la derecha llegó al poder y se olvidó de los compromisos. Expulsa a los que no son incondicionales, contrariando la ley y la palabra empeñada y, además, se llenan de nuevos "operadores políticos" Pero ahora hay avances legales y sentencias de la Corte Suprema que reconocen derechos a los trabajadores a honorarios y a contrata exigiendo fundamentos objetivos para no renovar los contratos y no la mera abusiva decisión politiquera.
Espero que el gobierno no persevere en esta conducta ilegal, que niega el derecho humano al trabajo y que los parlamentarios de todos los partidos, exijan respeto a la legislación aprobada de manera transversal, por obligación legal y ética.
A lo menos se puede esperarse y pedir a las fuerzas opositoras cumplan con el deber de defender a estas personas perseguidas por la Derecha, sin exigencias de formalizar pactos políticos. Y, por supuesto, también es prioritario que se reconozca el derecho de los trabajadores para optar entre las AFP y el IPS, ya que se requieren Pensiones Dignas Ahora y no migajas a 40 años. Un Acuerdo Nacional que incluya estos temas, sí tendría legitimidad.
