El Gobierno implementará un plan para recuperar los espacios públicos de Santiago, eliminando las carpas y rucos del eje Alameda-Providencia. 

La medida será ejecutada por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, el Ministerio de Desarrollo Social y las municipalidades de Estación Central, Santiago y Providencia.

La decisión se realiza luego que el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, realizara una dura crítica al Ministerio de Desarrollo Social y lo emplazó a desarrollar una estrategia para enfrentar la situación.

“Los espacios públicos son para que los ocupe toda la ciudadanía, no para que la gente viva. Eso no es normal y no podemos normalizarlo. Esas personas van a tener que salir de ahí. Ahora adónde salen, eso es lo que le hemos preguntado al gobierno desde el día 1”, indicó Orrego.

El gobernador metropolitano agregó que “el ministerio de Desarrollo Social debe tener una estrategia para personas en situación de calle. Llevamos casi un año de este gobierno y no tenemos ni una sola estrategia. Hemos pedido el catastro que tú señalas y no lo han querido entregar. Difícilmente podemos abordar un fenómeno del que no tenemos toda la información”.

¿En qué lugares se aplicará?
Los cuadrantes específicos donde se aplicará el plan son:

Avenida Salvador a Vicuña Mackena.
Vicuña Mackena a Morandé.
Morandé a Manuel Rodríguez.
Manuel Rodríguez a Libertad.
Libertad a Obispo Umaña.
Obispo Umaña a Las Rejas.

De acuerdo al último catastro realizado por el Gobierno, con el apoyo de Carabineros y la PDI, en estas zonas se contabilizaron 26 carpas y 21 rucos. 

Según señaló el ministro Giorgio Jackson, la medida busca “dar mayor seguridad a los habitantes y transeúntes de estos sectores, y brindar una respuesta integral a personas en situación de calle”.

Cabe mencionar que la medida busca establecer un diálogo entre las autoridades y las personas en situación de calle. Sin embargo, en caso de ser necesario, se pedirá el apoyo a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Asimismo, en las zonas señaladas se aplicarán mayores controles de identidad, además de revisar la situación migratoria según corresponda.

Las personas retiradas serán llevadas hasta albergues y residencias familiares con capacidad máxima de 30 personas, que contarán con áreas especiales para mujeres y niños.