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Diputados aprueban informe sobre malas prácticas de las AFP en el otorgamiento de pensiones de invalidez

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe de la Comisión Investigadora relativa a la concesión y denegación de pensiones de invalidez y sobrevivencia, que abocó sus indagatorias desde el año 2008 a la fecha, y que fue creada el 3 de octubre de 2018 tras la solicitud de 78 legisladores/as.

El texto, que fue ratificado por la unanimidad de 115 votos a favor, da cuenta que, luego de la reforma previsional de 2008, hubo importantes cambios que, entre otros puntos, obligó a las AFP a licitar el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) en forma conjunta y separada por sexo y grupo etario.

Sin embargo, con posterioridad a 2009, en distintos años y ante distintas autoridades, la Fundación Valídame denunció la denegación de acceso a pensiones de invalidez para trabajadores cubiertos por el seguro, dando cuenta de una serie de irregularidades y procedimientos conocidos por la opinión pública como “control de siniestralidad”. 

En este contexto, tras las indagatorias de la Comisión, esta constató la existencia de prácticas irregulares para mantener controlada la cantidad de personas que se acogen al seguro, que no pasan ya por la integración vertical entre las AFP y Compañías Aseguradoras, sino que por diversas maniobras dentro del sistema.

"Financiar al personal administrativo del sistema y a los médicos interconsultores de las comisiones médicas, establecer procedimientos de agendamiento de horas que obstaculizan el acceso a los solicitudes, entrega de información insuficiente a los afiliados sobre los derechos que le asisten durante el procedimiento y finalmente, debido a la participación y derechos que la ley les confiere tanto las AFP como a las Compañías Aseguradoras dentro del funcionamiento administrativo del sistema, esta industria ejerce un control sobre el sistema y sobre las tasas de acogidos al seguro", se precisó.

Se critica, asimismo, que a pesar de haber sido puestas en conocimiento de varios ministerios, entidades fiscalizadoras y autoridades, "hasta la fecha no ha existido un pronunciamiento por parte de las autoridades estatales que dé respuesta a estas irregularidades denunciadas", así como tampoco han existido modificaciones legales o propuestas que resuelvan dichas irregularidades que se vienen sosteniendo en el tiempo.