En una misiva, diputadas y diputados de Partido Por la Democracia (PPD) solicitaron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, enviar observadores a la zona de conflicto en la región de La Araucanía y llamar a la constitución de una mesa de diálogo.

En ese sentido, Raúl Soto, jefe de bancada del PPD, señaló que “el Gobierno no está garantizando el diálogo y el respeto a los derechos humanos en la Araucanía, más bien está permitiendo la autotutela y el enfrentamiento entre chilenos. Ante eso solo queda solicitar ayuda internacional, y que sea la alta comisionada quien envíe veedores a la zona, y promueva el diálogo necesario para una salida política”.

En tanto, la diputada y representante de la provincia de Malleco, Andrea Parra, sostuvo que “este clima de inseguridad en La Araucanía no puede seguir. Si el Gobierno no quiere asumir el rol al que está obligado por mandato constitucional, resguardando el orden y garantizando el derecho a manifestarse pacíficamente, nos vemos obligados a recurrir a instancias superiores. Acudiremos a la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, como una forma de presionar a un gobierno que se rehúsa a cumplir sus funciones”.

Por su parte, el diputado y ex intendente de La Araucanía, Ricardo Celis, indicó que “la paz y la convivencia en la región vive un momento de gran fragilidad. La inacción y la falta de respuesta del Estado al mayor problema político que tiene con los pueblos originarios, hoy pasan la cuenta”.

“Espero que la presencia de observadores internacionales abra caminos de diálogo y soluciones. Las propuestas y recomendaciones que están contenidas en documentos de Estado como Verdad Histórica y Nuevo Trato, y las comisiones presidenciales del primer gobierno de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet deben llevarse adelante con urgencia”, sostuvo.

El diputado y miembro de la Comisión de DD.HH, Tucapel Jiménez, manifestó que “la situación que hoy se está presentando en la región de La Araucanía, podría desembocar en el escalamiento de los conflictos y en un recrudecimiento de la violencia y de las manifestaciones. Esperamos que se haga efectiva la presencia de observadores internacionales que ayuden a la instalación de una mesa de diálogo y a la paz social”.

Por último, la diputada Cristina Girardi, señaló que “la función de la Conadi claramente no se está cumpliendo. Las protestas, muchas veces con violencia, son la acumulación del dolor por el abandono, el no reconocimiento respecto a las comunidades y la etnia mapuche. Lamento lo que ha ocurrido en la región de La Araucanía, lamento el enfrentamiento entre civiles, la acción y la inacción de Carabineros, porque cuando se trata de matar si están, pero cuando se trata de defender a las comunidades indígenas, no están”.

“No podemos confiar en este gobierno ni el Estado de Chile en lo que tiene que ver con el problema étnico que estamos viviendo en La Araucanía. Esto tiene que ser visto por otros, no somos confiables como país, como Estado y menos este gobierno”, concluyó Girardi.

La postura de Naciones Unidas
En tanto, desde el Alto Comisionado Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur (Acnudh), su representante regional, Jan Jarab, señaló este martes que “el diálogo participativo y de buena fe es el único camino frente a las continuas tensiones sociales en La Araucanía”.

En esa línea, el representante enumeró una serie de preocupaciones de su oficina sobre la situación en Chile, incluyendo enfrentamientos entre integrantes del pueblo indígena mapuche y Carabineros, incendios de distinta índole, ocupaciones de recintos públicos y desalojos por medio de la fuerza.

Asimismo, Jarab se mostró alarmado frente a recientes expresiones de odio, discriminación racial y violencia por parte de civiles contra mapuches.

“Instamos a la investigación pronta, independiente y exhaustiva de los hechos, especialmente de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las expresiones de carácter discriminatorio contra el pueblo mapuche. Sin embargo, también resulta fundamental abordar la problemática desde un enfoque multidimensional, con énfasis en la interculturalidad,” destacó el representante.

Agregó que “para encontrar soluciones duraderas, se necesita abordar las causas profundas de estas tensiones, entre ellas la discriminación estructural y los asuntos pendientes en el ámbito de derechos humanos de los pueblos indígenas. Una respuesta puramente centrada en la seguridad pública alimentaría lo que ya es un proceso crónico de tensión, desconfianza y conflictividad, no exento de violaciones a los derechos humanos”.

Jarab señaló, además, que le preocupa a su oficina la situación de salud de varios comuneros mapuches privados de libertad que actualmente realizan huelgas de hambre, y consideró urgente superar dicha situación a través de diálogos participativos.

En esa línea, saludó la reciente aprobación, por parte de Gendarmería de Chile, de disposiciones referidas a pertinencia cultural y religiosa en el ámbito penitenciario.

Dicho ajuste normativo —que recoge estándares internacionales relevantes en materia de interculturalidad— surgió del diálogo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y varios actores sociales e institucionales, incluida la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“A pesar de la tensión estamos convencidos de que es posible encontrar acuerdos, de la mano del cumplimiento de las normas internacionales, incluido el Convenio 169 de la OIT. Nuestra Oficina continúa a disposición para apoyar en la búsqueda de estas soluciones, con base en los derechos humanos”, concluyó.