El director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, fue enfático en que las reacciones que ha tenido el Ejecutivo ante varios de los informes de organismos internacionales que denunciaron violaciones de derechos durante el estallido social en Chile, han sido -desde su perspectiva- débiles.

Para justificar esta idea, dijo que hasta el día de hoy solo ha habido “cuatro condenas, y el instituto ha presentado 3.100 querellas criminales. Cuatro condenas, dos años después”. Si bien como INDH, dijo, han sido comprensivos de que la pandemia ralentizó todo en materia de justicia, “pero el Estado tiene un deber preminente de investigar las violaciones a los derechos humanos, porque es el propio estado el que las violentó”.

“Nosotros le dijimos al presidente de la Corte Suprema, al fiscal, al ministro de Justicia: ‘son 3.000 casos las querellas del Instituto, habrá 5.000 causas en el país. Bueno, que se pongan recursos humanos y económicos directamente para investigar’”, relató Micco.

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También abordó las políticas de reparación integral a las víctimas de derechos humanos que se han llevado a cabo durante el mismo período. Dijo que si bien ha habido pocos casos de justicia y responsabilidad penal, hoy habría muchas falencias también en las compensaciones económicas ya que el ejecutivo está retrocediendo.

Sobre la glosa N°12 que se aprobó en la ley de Presupuesto del año pasado que daba la posibilidad a víctimas de violaciones a sus derechos humanos -acreditadas por el INDH- de postular a una pensión de gracia “ya es insuficiente, porque se trata de postular a un beneficio”.

“Ahora, en el nuevo proyecto de ley de presupuesto, el ejecutivo volvió atrás y simplemente esta glosa dice ‘aquellos que se hayan visto afectados por las manifestaciones podrán postular a una pensión de gracia’. Volvemos a una situación donde ni siquiera se quiere reconocer que acá hubo violaciones a los derechos humanos. (...) ¿Qué tanto hemos avanzado en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? Es poco, muy poco, y hoy día claramente -se lo dijimos todos los poderes del estado y particularmente a los integrantes del sistema de coordinación de justicia penal- Chile no esta cumpliendo con sus deberes”, argumentó el director del INDH.

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Preguntado por la relación de su organismo con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, dice que ha sido “cordial”, pero que las decisiones en esta materia se están tomando en La Moneda y “con gran ambigüedad”.

“El Presidente dice ante las Naciones Unidas que en Chile el Ejecutivo va a tomar todas las medidas para que no haya impunidad, pero como señalaba, este deber de dar medios y todos los recursos o instrumentos para que en Chile se sepa la verdad y la justicia, no está ocurriendo en el país”, señaló.

Y también mencionó que “hay un debate que volvió a saltar: que la verdad, la justicia o reparación la dan los tribunales de justicia. Es decir, es necesario en este concepto de que hayan sentencias judiciales condenatorias para que se acredite que hubo violaciones a los derechos humanos, y nosotros como Instituto decimos que no”. Dio como ejemplo a Augusto Pinochet, que nunca fue condenado por estos efectos, e insistió en que “no es necesario estar esperando sentencias judiciales condenatorias para poder tener políticas públicas para reparar este tremendo mal que se le ha causado al alma de Chile”.